Práctica Jurídica

Dictamen 150250-2026

Visto:
Lo dispuesto en la Ley N° 16.395, que fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N° 18.833, que contiene el Estatuto Orgánico de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; la Ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero; el D.S. N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; lo instruido por el Compendio de Normas de la Ley N° 18.833 de esta Superintendencia; y lo dispuesto en la Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que, con fecha 26 de junio de 2026, la persona recurrió ante esta Superintendencia para impugnar la Resolución Exenta de fecha 24 de junio de 2026, dictada en un expediente PAE, de este organismo supervisor. Dicho acto administrativo rechazó la reclamación inicial y declaró la procedencia de la cobranza y de los descuentos asociados al crédito social, bajo el argumento de que la acción ordinaria de cobro se mantenía vigente al no haberse declarado su prescripción.
Que, el reclamante insiste en que la Caja de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) mantiene vigente de forma indebida una deuda cuya prescripción ya fue declarada por los tribunales de justicia. En consecuencia, solicita la suspensión inmediata de la cobranza, argumentando que el dictamen recurrido sostiene erróneamente que la acción ordinaria subsiste para justificar la continuidad de los descuentos.
Que, adicionalmente sostiene que la resolución impugnada no se ajusta a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Al respecto, el máximo tribunal ha señalado que una Caja de Compensación actúa de manera caprichosa, injustificada y arbitraria cuando, tras un prolongado período de inactividad, reactiva unilateralmente el mecanismo excepcional del artículo 22 de la Ley N° 18.833, para reanudar descuentos sobre las remuneraciones de un trabajador.
Que, para precisar lo alegado por el reclamante, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema ha establecido que, una vez iniciado un procedimiento judicial de cobro, la CCAF no puede retornar a la vía administrativa para aplicar descuentos. En la medida en que la Caja ejerza la cláusula de aceleración o el tribunal ordene la liquidación del crédito, dicha acción judicial paraliza cualquier otra ejecución o descuento extrajudicial, con el objeto de determinar el monto final adeudado.
Que, en términos generales, si las acciones judiciales (ejecutiva u ordinaria) no producen el efecto de liquidar o acelerar la deuda -como ocurre cuando solo se declara la prescripción de la acción ejecutiva/cambiaria y subsiste la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo-, la cobranza administrativa por vía de descuento no se suspende de forma automática. Esto se debe a que, para las Cajas, el descuento constituye el medio legal ordinario dispuesto por la ley para perseguir obligaciones respaldadas por un contrato vigente. Asimismo, cabe recordar que la prescripción extintiva de ambas acciones de cobro debe ser declarada judicialmente para impedir de forma definitiva la recaudación.
Que, no obstante, en este caso particular, la CCAF ejerció la acción de aceleración de la deuda en el juicio ejecutivo seguido ante el 2° Juzgado de Letras de Calama. Al haber optado por la vía judicial y acelerado el crédito, la Caja quedó impedida de retornar al mecanismo de descuento administrativo sobre la base de la deuda original, debiendo continuar su cobranza exclusivamente en sede judicial.
Que, es necesario aclarar que la interposición de una excepción de prescripción no siempre implica la liquidación de una deuda, como ocurrió en este caso, ya que técnicamente operan en momentos distintos: la Prescripción: Consiste en la declaración judicial de que una acción de cobro ya no es exigible porque el acreedor dejó pasar el plazo legal para reclamar. La Liquidación: Corresponde al cálculo técnico del monto exacto que se adeuda (capital, intereses, multas, etc.) o a la determinación de su forma de pago.
Que, examinado el proceso judicial invocado por el reclamante, este no se limitó a declarar la prescripción de la acción cambiaria del pagaré. El tribunal, en su considerando cuarto, determinó que la deuda se encuentra totalmente liquidada, abarcando aquellas parcialidades devengadas con anterioridad a la activación de la cláusula de aceleración (periodo entre el 31 de mayo de 2019 y el 29 de noviembre de 2019) y hasta la fecha de la notificación de la demanda.
Que, adicionalmente, se constata que la Caja no acompañó copia del contrato de mutuo suscrito por el reclamante para acreditar el origen de la obligación ordinaria.
Que, cuando una CCAF opta por la vía ejecutiva para obtener el pago total de un crédito, debe someterse estrictamente a las reglas de dicho procedimiento, si la deuda ya fue liquidada. La continuación de la cobranza extrajudicial solo habría sido procedente si la deuda no estuviera liquidada y subsistiera la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo.
Que, por las razones expuestas, esta Superintendencia concluye que no consta que la CCAF posea el contrato de mutuo necesario para respaldar la obligación de forma independiente. En consecuencia, solo si exhibe dicho título al deudor podría continuar con las acciones de cobro, las cuales, en el caso del reclamante, no procede bajo ninguna circunstancia mediante descuentos de remuneraciones (vía extrajudicial), toda vez que el propio tribunal declaró liquidada la deuda.
Que, finalmente, no corresponde aplicar descuentos automáticos de remuneraciones fundados en una «obligación natural». Dicha figura del derecho civil solo autoriza la retención de un pago cuando este ha sido efectuado de manera voluntaria por el deudor. Por consiguiente, la CCAF deberá perseguir el cobro exclusivamente por la vía judicial, ya sea exhibiendo el título correspondiente o solicitando su reconstitución en el procedimiento respectivo.
Teniendo Presente:
Acógese la reclamación interpuesta por la persona interesada , debiendo la CCAF continuar la cobranza por la vía judicial.
Declárase la improcedencia de la cobranza de la deuda a través de descuentos de remuneraciones o por cualquier otra vía extrajudicial del Sistema de CCAF, una vez que opera la cláusula de aceleración o liquidación de la deuda en sede judicial, como ha ocurrido en la especie. En consecuencia los descuentos efectuados hasta la fecha deberán imputarse a la deuda liquidada por la CCAF y la entidad deberá continuar la recaudación judicial, si cuenta con el título de la deuda.
Déjase constancia de que, en contra de la presente resolución, los interesados podrán interponer un Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, aportando nuevos antecedentes. El plazo para su presentación es de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 59 de la Ley N° 19.880.

Dictamen 150300-2026

Visto:
La Ley N°16.395 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N° 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Compendio Normativo sobre el Seguro de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social; la Resolución N° 8, de 2022, que exime temporalmente del trámite de toma de razón los actos administrativos que se indican y establece controles de reemplazo y, la Resolución N° 36, de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, ambas de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que, con fecha 14 de mayo de 2025 ha recurrido a esta Superintendencia IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo, apelando en contra de la Comisión Médica de Reclamos (COMERE), que mediante la Resolución de 29-04-2026, aumenta porcentaje de incapacidad Total de 25 a 27.5% otorgado por las secuelas del accidente laboral del 16 de agosto de 2024, que sufriera el trabajador . Señala no estar conforme con la incapacidad otorgada, pues la COMERE ha considerado las ponderaciones de 5% por trabajo habitual y edad, en circunstancias que el interesadoa tenía 65 años cumplidos al momento del accidente.
Que, requerida la Comisión Médica de Reclamos procedió a enviar los antecedentes correspondientes que se tuvieron a la vista para su evaluación, al igual que los aportados por el organismo administrador.
Que, profesionales de este organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos del caso, concluyendo que el 27.5% de incapacidad que se ha asignado por las referidas secuelas del accidente sufrido el 16 de agosto de 2024, se ajusta a lo establecido en el Decreto Supremo N° 109, de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula la evaluación y calificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, puesto que el factor de ponderación por edad resulta aplicable específicamente respecto de aquellos trabajadores que hubiesen cumplido los 65 años de edad al momento de la evaluación. Dicha ponderación tiene por objeto ajustar el porcentaje de incapacidad de ganancia resultante, reconociendo el impacto diferenciado que las secuelas de un accidente del trabajo o enfermedad profesional producen en la capacidad de trabajo en esta etapa de la vida laboral.
Teniendo Presente:
En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 16.744, se resuelve que no ha lugar a la apelación deducida, confirmando lo obrado por la Comisión Médica de Reclamos.
Contra la presente resolución, podrá recurrirse de reposición ante esta Superintendencia, aportando nuevos antecedentes médicos, dentro del plazo de cinco días hábiles, conforme a lo establecido en los artículos 59 y 25 de la ley número 19.880.

Dictamen O-01-S-04530-2026

1. Como es de su conocimiento, el pasado 1° de octubre de 2026 entró en vigencia la ley N°21.808 que crea un nuevo sistema de Subsidio Unificado de Empleo (SUE), lo que permitirá simplificar los procesos y requerimientos para la solicitud, otorgamiento y pago de subsidios al empleo, unificando tres beneficios existentes: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Subsidio al Empleo de la Mujer (SEM), y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes (SPTJ).
Conforme a dicha ley, el SUE es un aporte monetario que beneficiará a personas trabajadoras dependientes, independientes y empresas, que cumplan con los requisitos previstos en la mencionada ley. El SUE será administrado y pagado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Finalmente, corresponderá a esta Superintendencia supervigilar y fiscalizar al SENCE en relación con el funcionamiento del SUE.
Que, en particular, el artículo 11 de la ley N°21.808 establece los requisitos específicos para que las empresas accedan al SUE. En relación con ello, el numeral 2 de dicho artículo señala: «Artículo 11.- Requisitos específicos para acceder al subsidio para las empresas. Las empresas deberán tener una relación laboral vigente con la persona trabajadora por la que se solicita el subsidio y dar cumplimiento a las siguientes condiciones: 2. Tener al día el pago de las obligaciones laborales y previsionales de las personas trabajadoras dependientes y de aquellas personas que fueron causantes del subsidio en caso de haberse extinguido el vínculo laboral.».
2. Sobre el particular, esta Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en los artículos 1°, 2° literal a) y 38 literal d) de la ley N°16.395, y el artículo 25 de la ley N°21.808, y con el objeto de una correcta administración y concesión del SUE por parte del SENCE, ha estimado necesario fijar el sentido y alcance de la exigencia establecida en el numeral 2 del artículo 11 de la ley N°21.808.
De la interpretación del artículo 11, conforme a su tenor literal, su contexto y la historia fidedigna de la ley N°21.808, se concluye que el requisito de su numeral 2 no se circunscribe a las personas trabajadoras por las cuales se solicita el SUE. En efecto, mientras el encabezado del artículo 11 restringe su alusión a «la persona trabajadora por la que se solicita el subsidio», el numeral 2 extiende su exigencia en términos generales a «las personas trabajadoras dependientes», a las que añade a aquellas que fueron causantes del subsidio cuyo vínculo laboral se extinguió.
Adicionalmente, de una interpretación armónica del artículo 11, se observa que los numerales 4, 5 y 6 (prácticas antisindicales, reincidencia, condenas del representante legal) evalúan la conducta general de la empresa, no su relación con una persona trabajadora en particular. En ese sentido, el numeral 2 tiene la misma naturaleza. A su vez, los objetivos de la ley N°21.808 son promover el trabajo decente y el empleo formal (artículo 1°), lo cual incluye el acceso a la seguridad social (numeral 3 del artículo 2°). Dichas finalidades se verían afectadas si se interpretara de una manera restrictiva el numeral 2 del artículo 11. Lo anterior, además, se señala en la historia de la ley. Es así que durante la tramitación de la ley N°21.808, el Ejecutivo «explicó que el proyecto busca incentivar la creación de empleo formal, especialmente en las pymes, frente a la baja efectividad de los subsidios actuales (SEJ y BTM)». Respecto a las cotizaciones previsionales, el Ejecutivo «aclaró que se exige que estén declaradas y pagadas, aunque se considera un desfase de hasta dos meses; recién al tercer mes sin pago se interrumpe el subsidio. Sobre empresas con deudas previsionales, distinguió entre deudas repactadas (aceptables) y deudas sin mecanismos de pago (inaceptables).» (BCN, Historia de la ley N°21.808, p. 35).
Asimismo, aplicando el principio de interpretación sistémica de la ley N°21.808 (inciso segundo del artículo 22 del Código Civil), lo anterior se sustenta considerando la regulación de los subsidios que el SUE sustituye. En efecto, todos estos beneficios, SEJ, SEM y SPTJ, establecen que la empresa para tener derecho al subsidio respectivo debe haber pagado las cotizaciones de seguridad social correspondientes a 
la persona trabajadora que originó el subsidio (inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.338; el inciso segundo del artículo 5° del D.S. N°3, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social; inciso tercero del artículo 82 de la ley N°20.255 que crea el SPTJ; y el inciso tercero del artículo 2° del D.S. N°54, de 2008, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social). En consecuencia, es dable entender que el legislador conociendo esa técnica legislativa, optó por cambiar la redacción en el numeral 2 del artículo 11 de la ley N°21.808 respecto de la normativa de SEJ, SEM y SPTJ, confirmando la voluntad del legislador de ampliar el requisito a todas las personas trabajadoras dependientes de la empresa postulante al SUE.
En consecuencia, se instruye al SENCE que, en la verificación del numeral 2 del artículo 11 de la ley N°21.808, constate que la empresa postulante se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y previsionales de la totalidad de sus personas trabajadoras dependientes y de aquellas que fueron causantes del subsidio en caso de haberse extinguido el vínculo laboral. Para estos efectos, se entenderá que la empresa se encuentra al día cuando dichas obligaciones hayan sido declaradas y pagadas dentro del plazo legal o se encuentren íntegramente regularizadas al momento de la verificación que realice el SENCE. Asimismo, y en concordancia con la historia fidedigna de la ley, se entenderá cumplido el numeral 2 del artículo 11 de la ley N° 21.808 si la empresa postulante registra deudas previsionales o laborales sujetas a un convenio de pago o repactación con las instituciones respectivas, siempre que dicho acuerdo se mantenga vigente y las cuotas devengadas a la fecha de la verificación se encuentren íntegra y oportunamente pagadas. Lo anterior es sin perjuicio de la verificación previsional que dispone el artículo 26 del D.S. N°75, de 2026, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto de la persona trabajadora postulada. Para estos efectos, ese Servicio deberá incorporar dicha verificación en las directrices operativas a que se refiere el inciso final del artículo 28 del citado decreto supremo.
3. Atendido lo expuesto, ese Servicio deberá proceder conforme a las instrucciones contenidas en el presente Oficio.

SII establece procedimiento especial para solicitar devolución de IVA en ventas de viviendas acogidas a la Ley N° 21.850

El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió la Resolución Ex. N° 146, de 23 de octubre de 2026, que establece el procedimiento especial para solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de viviendas nuevas, contemplada en el artículo cuarto transitorio de la Ley N° 21.850, de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Tablas para el cálculo de los intereses penales y de los reajustes del artículo 22 de la Ley N°17.322, para ser aplicados en el mes de NOVIEMBRE de 2026. Tasas R 202611

Esta Superintendencia ha elaborado las tablas (Tablas Nº 1, Nº 2, N° 3 y Nº 4) a ser utilizadas en el mes indicado en los siguientes archivos para calcular los intereses penales y reajustes que deben aplicarse a las cotizaciones que se paguen fuera del plazo legal, las que se remiten en esta oportunidad. Cabe señalar que mediante Circular N° 2.491 de 2008, esta Superintendencia impartió las instrucciones para la aplicación de la Ley N° 20.288, que modificó el artículo 22 de la Ley N°17.322.
<h2 class=»»>Tablas N° 1 y 2</h2>
Estas tablas comprenden los intereses penales aplicables a las cotizaciones adeudadas de remuneraciones devengadas con anterioridad a marzo de 2006; por tanto, continúan con un recargo del interés de 20%. Se hace presente que la Tabla Nº1 contiene los intereses penales a aplicar a deudas de cotizaciones correspondientes a remuneraciones anteriores a enero de 1994, sin considerar capitalización mensual de intereses devengados. Por su parte, la Tabla N° 2, que contiene los intereses penales a aplicar a deudas de cotizaciones correspondientes a remuneraciones devengadas desde enero de 1994 hasta febrero de 2006, considera la capitalización mensual de los intereses devengados.
<h2 class=»»>Tabla N° 3</h2>
Esta tabla contiene los intereses penales a aplicar a las cotizaciones adeudadas correspondientes a remuneraciones devengadas desde marzo de 2006, intereses que contienen un recargo de 50% de acuerdo con la modificación introducida al artículo 22 de la Ley Nº17.322 por el artículo 1° de la Ley N° 20.023. Cabe agregar que la Tabla N° 3 considera la capitalización mensual de los intereses devengados y, de acuerdo con lo instruido en el punto 1.- de la Circular Nº1.326, de 25 de enero de 1994, de esta Superintendencia, la primera capitalización de los intereses penales se efectúa el día 1º del mes subsiguiente a aquel en que se genera la deuda.
Con el fin de aclarar lo expuesto, cabe precisar el caso de un empleador que pague cotizaciones previsionales adeudadas provenientes de remuneraciones devengadas antes y después del 1° de marzo de 2006. En este caso, el interés penal a aplicarse a las cotizaciones pagadas con retraso, originadas en remuneraciones devengadas con anterioridad a marzo de 2006 se recargará en un 20%, razón por la cual, serán aplicables las Tablas N°s 1 y 2, dependiendo de la antigüedad de ellas, en tanto que el interés de las cotizaciones adeudadas originadas por remuneraciones posteriores a marzo de 2006, se recargará en un 50%, debiendo aplicarse la Tabla N° 3.
<h2 class=»»>Tabla N° 4</h2>
Esta tabla contiene los reajustes a aplicar a las cotizaciones adeudadas. Se hace presente que los porcentajes contenidos en las Tablas Nº 1, 2 y 3, deben aplicarse sobre la deuda previamente reajustada de acuerdo con los porcentajes señalados en la Tabla Nº4.
<h2 class=»»>MULTAS</h2>
Conforme al N° 22 letra a) del artículo 1° de la Ley N° 20.023, que modificó el artículo 22 a) de la citada Ley N°17.322, se eleva de 0,5 a 0,75 unidades de fomento por cada trabajador, la multa en los casos en que el empleador no declare oportunamente las cotizaciones correspondientes a remuneraciones que se hayan devengado a contar del mes de marzo de 2006 o que la declaración de éstas sea incompleta o errónea. Las multas que deban aplicarse a cotizaciones correspondientes a remuneraciones devengadas en meses anteriores a marzo de 2006, se sujetarán a la legislación vigente en la época de que se trate y a las instrucciones que hubiere impartido esta Superintendencia. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº18.379, se presumirá la buena fe y no procederá aplicar la multa del artículo 22 a) de la Ley Nº 17.322 en caso que el empleador incurriere en errores u omisiones que no excedan del 2% del monto correcto de la respectiva declaración. No se aplicará lo anterior si se incurriere en reiteración dentro del plazo de un año. De igual forma, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 a) de la Ley N° 17.322, tampoco procederá aplicar la multa si el pago de las cotizaciones declaradas en forma errónea, pero no maliciosa, se efectúa dentro del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones. Cabe agregar que la Ley N° 20.023 no modificó las multas a aplicar en el caso de cotizaciones correspondientes a trabajadores de casa particular, por tanto, continuarán aplicándose a su respecto las normas vigentes con anterioridad a dicha ley. De esta forma, aun cuando éstas no hubiesen sido 3 declaradas, si se pagan dentro del mes siguiente a aquel en que se devengan las remuneraciones, no procederá la aplicación de multa. A su vez, ésta será sólo de 0,2 UF si las cotizaciones se pagan dentro del mes subsiguiente y de 0,5 UF si el pago se efectúa de esta fecha en adelante.

Suseso aborda los desafíos de la salud mental en el trabajo en Congreso internacional de bienestar integral. Congreso de Bienestar Integral

La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, junto a la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón; participó este martes 20 de octubre en el Congreso Internacional de Bienestar 2026, organizado por la Mutual de Seguridad. El encuentro reunió a autoridades, especialistas internacionales y representantes del mundo empresarial para abordar los desafíos de la salud mental y el bienestar integral en los lugares de trabajo.
La actividad tuvo el objetivo de promover una nueva forma de hacer prevención, integrando la salud mental y la promoción de la salud como parte de una misma estrategia de gestión organizacional. El programa incluyó exposiciones de Susan Peters, investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y José María Peiró, académico de la Universidad de Valencia, además de un panel de conversación con representantes de distintas empresas.
Durante la apertura del encuentro, la superintendenta (s) Patricia Soto destacó la importancia de avanzar hacia una prevención efectiva, que permita transformar las condiciones laborales y abordar los factores que afectan la salud mental de las personas trabajadoras. «El bienestar no puede depender únicamente de la capacidad individual para adaptarse a las exigencias del trabajo. También depende de que las organizaciones asuman su responsabilidad de identificar y gestionar los riesgos que pueden afectar a quienes las integran», señaló.
Los resultados de las evaluaciones de riesgos psicosociales en Chile muestran la importancia de fortalecer la prevención en los lugares de trabajo. De acuerdo con los <a href=»https://www.suseso.gob.cl/607/w3-article-787954.html&_absolute=1″>resultados 2025 del Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral y Salud Mental</a> (CEAL-SM/Suseso), respondido por más de un millón de personas trabajadoras de 20.913 centros de trabajo, el 20,8% de los centros evaluados presentó niveles de riesgo psicosocial no óptimos (medio o alto). Esta proporción alcanzó el 44% en la administración pública, el 42,3% en salud y el 30,9% en educación.
A ello se suma que, durante 2025, el 78% de las enfermedades profesionales calificadas correspondió a diagnósticos de salud mental. Estas cifras refuerzan la necesidad de identificar oportunamente los factores de riesgo y adoptar medidas preventivas en los lugares de trabajo.
En materia de prevención de riesgos psicosociales, la Suseso dispone de herramientas como el cuestionario CEAL-SM/Suseso, que permite identificar y evaluar factores de riesgo para la salud mental en los lugares de trabajo. A partir de sus resultados, las entidades empleadoras deben implementar medidas preventivas, con la asistencia técnica de las mutualidades (IST, ACHS, Mutual de Seguridad) e ISL, bajo la regulación y fiscalización de la Suseso.