<p>1. Mediante la presentación individualizada en Antecedentes, una empresa con administración delegada se ha dirigido a esta Superintendencia, indicando que para la implementación del sistema de licencias médica electrónicas tipo 5 y 6, no se consideró necesario habilitar los web services LMEInfSeccC y LMEInfRecep, asociados a la gestión de los estados 10 y 55 -que se refieren a la tramitación de licencias médicas electrónicas por entidades empleadoras que no se encuentran adscritas al sistema de tramitación de dichas licencias- toda vez que la empresa se encuentra adscrito al referido sistema tanto como empleador, como en su calidad de administrador delegado del Seguro de la Ley No 16.744. Sin embargo, precisa que para acceder a la prueba de certificación, se le ha informado que debe implementar todos los web services, incluidos aquellos que aplican a los estados 10 y 55.</p>
<p>Precisa que el desarrollo de los referidos web services significará un tiempo de al menos 3 meses, razón por la cual solicita autorización para iniciar el funcionamiento de las licencias médicas electrónicas 5 y 6 sin implementar estos web services, o bien en forma paralela a su desarrollo.</p>
<p>2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con informar que el Departamento de Tecnología y Operaciones de este Servicio, ha indicado que resulta indispensable la implementación por parte de la empresa de los web services LMEInfSeccC y LMEInfRecep, para la gestión de los estados 10 y 55, ya que, por ejemplo, frente a una falta de respuesta del web service de afiliados implementado por la empresa, el sistema por defecto otorgará la licencia médica en formato impreso, dirigida al Instituto de Seguridad Laboral, caso en el que la empresa deberá utilizar los referidos estados 10 y 55, para tramitar adecuadamente estas licencias médicas.</p>
<p>Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que resulta viable la certificación e inicio parcial de funcionamiento de la licencia médica electrónica tipo 5 y 6 por parte de la empresa, mientras se desarrollan los web services necesarios para la gestión de los estados 10 y 55, los que, en todo caso, deberán estar completamente implementados en el plazo de 3 meses, contado a partir de la fecha de notificación del presente Oficio. En este sentido, resulta necesario precisar que, en caso de recepcionar una licencia médica electrónica tipo 5 o 6 en formato impreso, se deberá reemplazar dicha licencia por una licencia médica en formato papel. La coordinación para la certificación deberá ser efectuada con ——–, al correo electrónico ———-@suseso.cl.</p>
<p>3. En consecuencia, esos administradores delegados deberán proceder conforme a lo señalado precedentemente.</p>

<p>1.- En el Diario Oficial del 12 de julio de 2021, fue publicada la Ley No21.360, que elevó, contar del 1° de mayo de 2021, a $337.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad; a $251.394 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad y, a $217.226 el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales.</p>
<p>2.- En relación con lo anterior y atendido que las disposiciones de la Ley N°21.360 operan retroactivamente, considerando que se establece que la vigencia de los nuevos valores del ingreso mínimo mensual regirán a partir del 1° de mayo de 2021, las entidades empleadoras deberán ajustar la remuneración de los trabajadores que reciben el equivalente al ingreso mínimo mensual, a los nuevos montos que establece la Ley No21.360, a partir del 1o de mayo de 2021, correspondiendo que en el mes de julio se pague a estos trabajadores la suma de $337.000 más los diferenciales de los meses de mayo y junio del mismo año. Asimismo, en el caso de trabajadores que tenían sueldo superior al mínimo legal en mayo y junio, pero que a partir del reajuste del ingreso mínimo establecido en la Ley N°21.360 quedaron por debajo del nuevo monto fijado, los empleadores deben hacer el ajuste señalado y pagar las diferencias que pudieren producirse.</p>
<p>En ambos casos, las cotizaciones que se hubieren pagado previamente a la publicación de la Ley N° 21.360, sobre la base del ingreso mínimo vigente a la fecha de pago, obligatoriamente deben ser recalculadas considerando la nueva remuneración imponible, originada por el mencionado aumento del ingreso mínimo.</p>
<p>De esta manera, dentro del plazo legal para pagar las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones del mes de julio de 2021 -esto es, en el mes de agosto del mismo año- las entidades empleadoras que hubieren pagado las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de los meses de mayo y junio de 2021, usando el ingreso mínimo mensual vigente con anterioridad a la Ley No21.360, deberán pagar las cotizaciones correspondientes a la remuneración del referido mes de julio, incluyendo aquellas cotizaciones correspondientes a los diferenciales que se paguen conjuntamente con la remuneración de dicho mes.</p>
<p>En el evento que la entidad empleadora solo hubiere declarado las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de los meses de mayo y junio de 2021, considerando el monto del ingreso mínimo mensual vigente con anterioridad a la Ley N°21.360, y que a la fecha se encuentren pendientes de pago, deberá pagar dichas cotizaciones considerando el nuevo monto del ingreso mínimo mensual vigente a contar del 1° de mayo de 2021. Para estos efectos, los organismos administradores deberán ajustar sus sistemas de recaudación y/o establecer los mecanismos de control necesarios, a fin de que sus entidades empleadoras adherentes o afiliadas que se encuentren en la situación antes descrita, al momento de enterar las cotizaciones declaradas, lo hagan considerando el ingreso mínimo mensual actualizado, aplicando además los reajustes e intereses que procedan solo a los montos declarados.</p>
<p>Cabe hacer presente que, con la finalidad de asegurar el correcto pago de las cotizaciones del Seguro de la Ley No16.744, los organismos administradores durante el mes de julio de 2021 deberán comunicar a sus entidades empleadoras adherentes o afiliadas, preferentemente a través de correo electrónico, las circunstancias indicadas en los párrafos precedentes, debiendo, además, publicar dicha información en sus respectivos sitios web.</p>
<p>4.- Por otra parte, cabe precisar que los organismos administradores deberán efectuar una revisión de las prestaciones económicas del Seguro de la Ley No16.744 para cuya determinación se utiliza el valor del ingreso mínimo o del ingreso mínimo para fines no remuneracionales, como es el caso de los subsidios de incapacidad laboral que se hayan determinado en base al subsidio diario mínimo de los meses de mayo o junio de 2021, o de las pensiones o indemnizaciones en las cuales las remuneraciones base de cálculo se hayan amplificado considerado el ingreso mínimo vigente en los meses de mayo o junio de 2021, o cuando las remuneraciones imponibles de los meses de mayo y junio hayan sido parte de la base de cálculo y equivalentes al ingreso mínimo vigente con anterioridad a la Ley N°21.360, debiendo en tales casos efectuar los ajustes que correspondan y proceder al pago de las diferencias que se pudieran producir a favor de los respectivos trabajadores, por aplicación del nuevo ingreso mínimo mensual establecido en la Ley No21.360.</p>
<p>5.- Por último, en atención a que el artículo 2° del D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que son beneficiarios de asignación familiar, entre otros, los trabajadores dependientes e independientes que se hallen en goce de pensiones de cualquier régimen previsional y los beneficiarios de pensión de viudez y la madre de los hijos de filiación no matrimoniales del causante, en goce de la pensión especial a que se refiere el artículo 45 de la Ley N°16.744, corresponde que la pensión que se pague durante el mes de agosto de 2021, incluya los diferenciales de las asignaciones familiares correspondientes a los meses de mayo junio y julio del mismo año.<br></br>
6.- Los organismos administradores del Seguro de la Ley No16.744 deberán proceder conforme a lo señalado precedentemente.</p>

<p>1.- En su calidad de directora de un Hospital, usted solicitó a esta Superintendencia su pronunciamiento para postergar la evaluación de riesgo psicosocial en el hospital que usted dirige. Argumenta que el actual contexto de pandemia ha significado un aumento en la carga de trabajo, una alta rotación de personal y la reconversión de unidades de mediana a alta complejidad, situaciones que han imposibilitado la aplicación del cuestionario SUSESO/ISTAS21.</p>
<p>2.- Sobre el particular es menester señalar que de acuerdo con el artículo 21, del Decreto Supremo No 109, de 1968, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento para la Calificación y Evaluación de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, corresponde al Ministerio de Salud impartir las normas mínimas de diagnóstico a cumplir por los organismos administradores, así como las que sirvan para el desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica que sean procedentes.</p>
<p>Conforme a esa disposición, el Ministerio de Salud dictó la Resolución Exenta N°1.433, de 10 de noviembre de 2017, que actualizó el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales laborales (RPSL) – aplicable tanto a los empleadores del sector público como privado-, en el que se establecen los plazos e instrumentos a utilizar para la evaluación y reevaluación de esos riesgos, proceso este último que debe efectuarse dentro de un determinado plazo dependiendo del nivel de riesgo (alto, medio o bajo) obtenido con la aplicación de la versión breve del cuestionario SUSESO/ISTAS21.</p>
<p>Por tanto, es al Ministerio de Salud al que compete autorizar la ampliación o suspensión de los plazos que el referido protocolo establece.</p>
<p>Así, en virtud de sus atribuciones, dicho ministerio emitió el Ordinario B33/N°3288, de 12 de agosto de 2020, que en lo relativo al protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, dispuso que las entidades empleadoras podían acogerse a una prórroga de 90 días para la evaluación de los RPSL. Posteriormente, mediante el Ordinario B33/N°321, de 13 de enero de 2021, informó que se debe retomar la aplicación del referido protocolo, considerando el contexto actual en el que se combina trabajo presencial, a distancia o de teletrabajo, de modo que la metodología de intervención y de gestión del riesgo psicosocial se adecue a la realidad de cada organización. Finalmente, en Ordinario B33/N°1999, de 4 de junio de 2021, el mismo ministerio indicó que en aquellos centros de trabajo del sector salud que han tenido dificultad para llevar a cabo la evaluación durante el primer semestre de este año, el Comité de Aplicación podrá consignar en su bitácora las razones por las cuales no es posible evaluar, postergando por tres meses su realización. Sin embargo, no será prorrogable la vigilancia de la salud que los organismos administradores de la Ley N°16.744 deben realizar en los lugares de trabajo por calificación de una enfermedad mental de carácter profesional u obtención de riesgo alto tras la evaluación ambiental.</p>
<p>Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que mediante la Circular N°3.528, de 12 de agosto de 2020, vigente a contar del 1° de diciembre del mismo año, esta Superintendencia modificó el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744, incorporando una nueva letra k) en el número 3, del Capítulo III. Evaluación de riesgo psicosocial laboral, de la letra F del Título II, del Libro IV. Prestaciones Preventivas, donde se instruye a los organismos administradores solicitar a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas que, con conocimiento de sus Comités de Aplicación, dejen constancia y respalden documentalmente cualquier hecho que pudiere ser constitutivo de un caso fortuito o situación de fuerza mayor y que como tal justifique el incumplimiento de algunas de las exigencias previstas en el protocolo de vigilancia de RPSL, de manera que los organismos fiscalizadores, entiéndase las, Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud o la Dirección del Trabajo puedan, de acuerdo con su mérito, ponderar si configuran un hecho de esa naturaleza, que los exima de una eventual sanción.</p>
<p>3.- En consecuencia, por los fundamentos precedentemente expuestos, no es posible pronunciarnos sobre su solicitud de postergación.</p>

<p class=»dictamen-subtitle»>Visto:</p>
<p>La Ley N°16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469 y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.</p>
<p class=»dictamen-subtitle»>Considerando:</p>
<p>Que, con fecha 03-11-2020, la ISAPRE ha recurrido a esta Superintendencia reclamando en contra de la COMPIN, que le ordenó autorizar la licencia médica N° 20, otorgada por 7 días de reposo a partir del 05-10-2020, a su afiliada .</p>
<p>Que, la ISAPRE. expone que la interesada, se desafilió de la ISAPRE «A»., para afiliarse a su ISAPRE, suscribiendo un contrato de salud con vigencia de beneficios a contar de 01-08-2020 y ha presentado licencias médicas por un largo período de tiempo.</p>
<p>Hace presente que, contactada telefónicamente la interesada, ésta señaló que estuvo con licencias maternales entre noviembre 2019 y septiembre 2020, lo que indica que se encontraba en situación de incapacidad al momento de iniciar la vigencia de beneficios con Isapre actual y que dicha situación se ha mantenido en el tiempo.</p>
<p>Que, esta Superintendencia cumple con manifestar que conforme a lo establecido en el inciso octavo del artículo 197 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en el evento que al día del término del contrato por desahucio el cotizante esté en situación de incapacidad laboral, el contrato se extenderá de pleno derecho hasta el último día del mes en que finalice la incapacidad y mientras no se declare la invalidez del cotizante.</p>
<p>Que, mediante el Ordinario 3C/N°3.456, de 17 de julio de 1997, la antecesora legal de la Superintendencia de Salud, interpretando el inciso octavo del artículo 38 de la Ley N°18.933, concluyó que al extenderse un contrato de salud a un cotizante cuya desafiliación ya ha sido cursada, por haberse producido una situación de incapacidad laboral, se deben otorgar todos los beneficios que emanen de dicho contrato hasta el término del mes en que finalice la referida incapacidad y mientras no se declare la invalidez del cotizante, sin importar si la incapacidad se originó en dos o más licencias continuadas o discontinuas entre sí.</p>
<p>Que, por lo antes expresado se instruirá a la citada Subcomisión modificar su resolución anterior y, ordenar remitir la referida licencia médica antes singularizada a la ISAPRE , por cuanto el contrato de salud se prorrogó y corresponde tramitarla en dicha ISAPRE.</p>
<p>Que observándose un error en la Resolución Exenta de fecha 16-11-2020, se dejara sin efecto en lo resolutivo de este instrumento.</p>
<p class=»dictamen-subtitle»>Teniendo Presente:</p>
<p>Deja sin efecto Resolución Exenta que indica, de fecha 16/11/2020 de esta Superintendencia y en su lugar se provee: Instrúyese a la COMPIN, modificar su resolución anterior y ordenar remitir a la ISAPRE»A»., la licencia médica N° 20, para los fines pertinentes, por cuanto aún se mantienen vigentes los beneficios del contrato de salud de <span>la interesada.</span></p>

<p class=»dictamen-subtitle»>Visto:</p>
<p>La Ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N° 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Compendio Normativo sobre el Seguro de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social y las Resoluciones N°s 6,7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.</p>
<p class=»dictamen-subtitle»>Considerando:</p>
<p>Que, con fecha 9 de abril de 2021, ha recurrido a esta Superintendencia ISAPRE, reclamando en contra de<span>l organismo administrador</span>, por cuanto calificó como de origen común el infortunio que sufrió su afiliada , el día 27/12/2020, y que motivó la emisión de la Carta de Cobranza de fecha 21 de enero de 2021, de lo que discrepa, ya que considera que debe ser calificado como accidente del trabajo.Organismo Administrador, informando que la trabajadora rechazó el tratamiento médico en dichas dependencias médicas, solicitando su traslado a un centro correspondiente a su previsión de salud. Además, indica que el siniestro que sufrió el 27/12/2020, no reúne los requisitos para ser calificado como un accidente del trabajo en los términos del artículo 5° de la Ley 16.744, toda vez que no puede sostenerse que éste haya ocurrido producto de la realización de un acto que reporte algún tipo de beneficio para su empleador, sino que la conducta de la que fue víctima tuvo por objeto un beneficio personal, sin que hubiera un factor laboral que incidiera en ello. Por tanto, cabe concluir que en la especie no se configuró una situación que esté contemplada en el citado artículo 5° de la Ley 16.744.</p>
<p>Que, sobre el particular, cabe hacer presente que conforme al inciso primero del artículo 5° de la Ley N° 16.744, es accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.</p>
<p>Que, de lo antes expuesto, se desprende que para que se configure un accidente del trabajo es preciso que exista una relación de causalidad entre la lesión y el quehacer laboral, la que puede ser directa o inmediata, lo que constituye un accidente «a causa» o bien mediata, caso en el cual el hecho será un accidente «con ocasión» del trabajo, debiendo constar el vínculo causal en forma indubitable.</p>
<p>Que, por su parte, cabe hacer presente que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley N° 16.744, se tiene derecho a las prestaciones médicas en forma gratuita, hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por una enfermedad profesional o un accidente del trabajo. Ahora bien, las prestaciones que sean necesarias a consecuencia de un accidente laboral deben ser otorgadas por el Organismo Administrador al que esté afiliado el empleador, de lo contrario se configura una situación de marginación de la cobertura del Seguro Social de Accidentes del Trabajo.</p>
<p>Que, al respecto, cabe señalar que el concepto de auto marginación o marginación voluntaria, obedece a la exigencia hecha a los organismos administradores de poseer servicios médicos propios o por convenio adecuados para el otorgamiento de las prestaciones de la ley. Por ello, se ha estimado que si un trabajador en forma voluntaria y no «obligado» por el empleador, se dirige a efectuarse tratamientos a alguna institución a través de su régimen común, los gastos incurridos no son reembolsables.</p>
<p>Que, por último, cabe destacar que la Superintendencia de Salud, por Oficio N° 6276 de 9 de agosto de 2006, declaró que, al no operar el Seguro Social de la Ley N°16.744, por auto marginación, como ocurrió en su caso, debe necesariamente operar la cobertura establecida en el plan de salud del cotizante, ya que de lo contrario éste quedaría desprotegido, no sólo de la cobertura del seguro en referencia, sino también de la que corresponde según el contrato de salud previsional pactado entre las partes.</p>
<p>Que, en la especie, de conformidad a los antecedentes tenidos a la vista, se ha logrado acreditar de una forma indubitable la ocurrencia de un accidente del trabajo, por cuanto consta en los antecedentes aportados el vínculo causal entre la afección que sufrió la interesada y su quehacer laboral. En efecto, la afectada, quien se desempeña como encargada de diseño y producción, se accidentó el día 27 de diciembre de 2020, a las 16:00 horas aproximadamente, mientras se encontraba realizando su labor habitual, cuando en circunstancias de encontrarse pintando unas sillas, tropezó con un tubo que se encontraba detrás de ella, sufriendo caída a nivel. Lo anterior consta también en la DIAT de la empresa.</p>
<p>Que, no obstante lo anterior, revisados los antecedentes aportados, cabe hacer presente que la interesada se desempeñaría como trabajadora independiente no dependiente de su entidad empleadora , empresa que además se encuentra domiciliada en su habitación, de la comuna de Lo Barnechea.</p>
<p>Que, por último, cabe agregar que la afectada se marginó voluntariamente de la cobertura de la Ley N° 16.744, según consta en el documento «Rechazo de tratamiento médico», la afectada decidió someterse a la cobertura de salud particular. Sin embargo, los subsidios y las prestaciones médicas que pudiere requerir por posibles secuelas que se originen con motivo del siniestro en comento, deben ser con cargo al Seguro de la Ley N° 16.744.</p>
<p class=»dictamen-subtitle»>Teniendo Presente:</p>
<p>Acógese el reclamo interpuesto, por cuanto procede que el organismo administrador otorgue la cobertura de la Ley N° 16.744 para el siniestro que sufrió <span>la interesada</span></p>
<p>Se deja constancia que en contra de la presente resolución, los interesados podrán interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indica en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880.</p>

<p>1. Mediante la Carta , de 15 de junio de 2021, ese Organismo Administrador solicitó a esta Superintendencia un nuevo pronunciamiento sobre los alcances del beneficio de reeducación profesional, considerando la petición que el interesado formuló para que se le provea de un notebook, de una impresora, del servicio de internet de banda ancha y de otros insumos que según lo informado por el centro de fomación, requeriría para la carrera de técnico de Administración Pública, que se encuentra actualmente cursando en virtud de ese beneficio.</p>
<p>Sostiene que tal petición es excesiva para un seguro social que opera bajo un sistema de reparto y que los insumos que cada estudiante utiliza, obedecen a una decisión personal.</p>
<p>Posteriormente, envió a este Organismo una copia de la Carta, de 22 de junio de 2021, dirigida al interesado, donde le informa que con la finalidad de evaluar en terreno sus necesidades, será visitado en su domicilio por una de sus asistentes sociales.</p>
<p>En relación a este último punto, el interesado remitió el correo electrónico citado en ANT., donde cuestiona la referida visita, por vulnerar su privacidad y carecer de fundamento, en tanto no dice relación con un beneficio de carácter social.</p>
<p>2. Al respecto, cabe recordar que mediante el Oficio N°1.701, de 5 de mayo de 2021, ratificado por el Oficio N°2.226, de 9 de junio del mismo año, esta Superintendencia resolvió que además de los gastos de matrícula y de los artículos de estudios reconocidos en dictámenes anteriores, la reeducación profesional puede incluir el suministro de equipos informáticos o de otros insumos técnicos, siempre que se establezca la necesidad imperiosa y objetiva de disponer de esos elementos, debiendo para ese efecto requerirse al interesado o directamente a la casa de estudios, los antecedentes que así lo avalen. Se indicó asimismo que cumplida esa condición, los organismos administradores deberán optar por aquellos equipos o insumos de valor razonable, de la calidad y funcionalidad necesarias para el cumplimiento de la reeducación profesional.</p>
<p>Considerando esos criterios, se concluye que el enviar a una asistente social al domicilio del interesado para evaluar en terreno sus necesidades, constituye una medida razonable y pertinente, ya que en conjunto con los antecedentes que el interesado o la casa de estudios aporten, permitirá disponer de mayor información para efectos de determinar si la petición de esos equipos o insumos, responde a una necesidad imperiosa y objetiva, resguardando con ello el correcto y adecuado uso de los recursos del Seguro de la Ley N°16.744, misma finalidad que persigue la instrucción de adquirir aquéllos de un valor razonable. Lo anterior, deberá ser autorizado y debidamente coordinado con el beneficiario, pudiendo eventualmente rechazarse la provisión de esos insumos, si aquél se opone a la visita y los restantes antecedentes se consideran insuficientes para tener por acreditada la configuración de esa necesidad objetiva.</p>
<p>Siguiendo la misma lógica y como complemento de lo ya resuelto, se instruye a ese Organismo Administrador para que al menos una vez al año, verifique el cumplimiento de los requisitos académicos que la institución educacional exige para la continuidad de los estudios, requiriendo al interesado o a dicha institución, un certificado que acredite tal situación, de manera de comprobar la efectiva permanencia en el tiempo de la señalada necesidad.</p>
<p>3. Por lo tanto, la pertinencia de proveer al interesado los insumos que detalla el documento emitido por el centro de fromación y los que a futuro solicite, deberá resolverse conforme a lo instruido en los oficios de concordancias y a lo complementado por éste.</p>

<p>1. Mediante las cartas de antecedentes, la Mutualidad «A» y la Mutualidad «B», han solicitado a esta Superintendencia la revisión de la Circular N°3.508 de 2020, por adolecer, a su juicio, de errores técnicos y contradicciones que sesgan la información que se requiere para la calificación de las enfermedades músculo esqueléticas de extremidad superior (MEES).</p>
<p>Al respecto, la Mutualidad «A» señala que la instrucción de registrar en las columnas «Postura» y «Fuerza» de la «Tabla Microlabores: Tiempo de trabajo con exposición a riesgo», el total de minutos de la operación cada vez que el evaluador considere que presenta riesgos para cada uno de esos factores, es técnicamente incorrecta debido a que no necesariamente están presentes durante toda la operación, generándose así una sobreestimación de los tiempos de exposición a esos factores. Fundamenta su planteamiento sobre la base de métodos de valoración de riesgo mencionados en la ISO 11.228-3, como Check List OCRA, OCRA INDEX y STRAIN INDEX.</p>
<p>Por su parte, la Mutuaidad «B» señala que «lo instruido presenta contradicciones e imprecisiones que sesgan el análisis de datos del estudio de puesto de trabajo para la calificación de la patología musculoesquelética de extremidad superior». En su fundamentación utiliza una argumentación similar a la esgrimida por la Mutualidad «A», citando los mismos métodos observacionales de evaluación de riesgo señalados en la ISO 11.228-3.</p>
<p>2. Sobre el particular, cabe señalar que esta Entidad, en virtud de las facultades fiscalizadoras que le confieren las leyes N°s 16.395 y 16.744, analizó las calificaciones del origen de las enfermedades MEES, realizadas por los organismos administradores durante los últimos años, evidenciándose una insuficiente capacitación de los profesionales encargados de realizar el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT) además de imprecisiones en su formato, que dificultaban el registro e interpretación de la exposición a los riesgos ocupacionales.</p>
<p>Considerando lo señalado, mediante la Circular N° 3.508, se modificó el referido formato e instruyó el diseño de un curso de capacitación que fue consensuado con los organismos administradores, y monitorizado por profesionales de este Servicio.</p>
<p>Cabe señalar que, los organismos administradores participaron activamente en las modificaciones, planteando sus inquietudes respecto de la validez y reproducibilidad de los resultados tras aplicar el nuevo EPT. Además, previo a la publicación de esta circular, se analizaron los comentarios y observaciones presentadas por los organismos administradores respecto del proyecto sometido a consulta pública – los que por expresa disposición del artículo 2° letra b) de la Ley N°16.395, no revisten carácter vinculante – incorporándose todas aquellas que se estimaron pertinentes.</p>
<p>3. Ahora bien, considerando las inquietudes planteadas por las mutualidades recurrentes, profesionales de esta Superintendencia analizaron nuevamente todos los antecedentes, concluyendo que no correspondía realizar ajustes a la Circular N°3.508. Sin perjuicio de lo anterior, se estimó pertinente solicitar al Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), un pronunciamiento técnico respecto de las instrucciones impartidas en esa circular, en su calidad de laboratorio nacional y de referencia en las materias referidas en los Títulos IV y V del D.S. N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, entre ellas, la evaluación de los factores de riesgo de lesión musculoesquelética de extremidades superiores.</p>
<p>En respuesta a dicho requerimiento, el ISP remitió un informe técnico, el que se adjunta a este oficio, con las siguientes conclusiones:</p>
<p>a) La modificación incluida en el instrumento Estudio de Puesto de Trabajo para Enfermedad Músculo Esquelética de Extremidad Superior (EPT EESS), que considera como «tiempo de exposición» a la totalidad del tiempo de ejecución de las operaciones, es un criterio adecuado y sostenible a partir de la evidencia técnica.</p>
<p>b) El actual formato del instrumento EPT EESS, permite la construcción de evidencia que sustente la calificación médico legal para trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores, ya que tiene en cuenta y reúne una serie de elementos que permiten acreditar una exposición suficiente al riesgo, descartando factores extra laborales como entidad suficiente para constituir la causa principal y descontando efectivamente los tiempos en donde está ausente el riesgo y/o existe descanso que permita la recuperación de los tejidos que constituyen los segmentos en estudio.</p>
<p>La evidencia se debe obtener, entre otras fuentes, de la historia ocupacional (características de la tarea que se realiza y su exposición en el tiempo a los factores potencialmente generadores del cuadro); los resultados de la evaluación de riesgos (nivel de exposición real), una pormenorizada descripción de la ocupación; una adecuada anamnesis y una correcta evaluación clínica y funcional. Por tanto, un estudio de puesto de trabajo debe considerar una evaluación integral, en donde pueden coexistir componentes cuantitativos y cualitativos para la ponderación del riesgo, lo que se considera un criterio adecuado y sostenible.</p>
<p>c) La sola elección de un método para evaluar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior – y la utilización de sus valores como límite de exposición – no establece presencia/ausencia de enfermedad, ya que dichos métodos se construyen para la acción preventiva, estableciendo prioridades para las medidas de control.</p>
<p>d) Los diversos métodos presentan alcances y límites que deben ser ponderados siempre pensando en la protección de los trabajadores, por lo que, no debieran ser considerados de forma estricta, ya que pueden dejar fuera de las intervenciones las tareas que no cumplan las definiciones y criterios señalados en cada uno de ellos.</p>
<p>e) Dejar la calificación médico legal para trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior sólo al arbitrio de un límite establecido en un método de evaluación para exigencias físicas (postura, fuerza y repetición) es insuficiente y no refleja la multicausalidad de dicho grupo de enfermedades.</p>
<p>4. En consecuencia y con el mérito de lo expuesto, esta Superintendencia ratifica lo instruido en la Circular N° 3.508, de 9 de abril de 2020, en relación con los aspectos cuestionados por esas Mutualidades de Empleadores.</p>

<p>1. Mediante el oficio de Antecedentes, Ud. se ha dirigido a esta Superintendencia informando haber solicitado a la mutualidad, el pago de tres subsidios por siniestros ocurridos entre los meses de octubre y noviembre de 2018, explicando que la tardanza en la solicitud de cobro, realizada el 17 de noviembre de 2020, se debería a que no contaban con los medios electrónicos (clave de portal web) para efectuar el requerimiento en la página de dicha mutualidad. Además, indica que la referida mutualidad le respondió que ya había transcurrido el plazo legal de seis meses y que no se encontraba en la obligación de realizar los pagos solicitados.</p>
<p>Por lo señalado, apela al criterio de esta Superintendencia para que, considerando los periodos de reposo, los montos a reembolsar y la situación económica en que se encuentran, se autorice el cobro de los subsidios.</p>
<p>2. Sobre el particular, cabe hacer presente que el plazo de seis meses, contados desde la fecha de pago de la respectiva remuneración mensual, en el que prescribe el derecho de la entidad empleadora a impetrar el reembolso de la suma equivalente al subsidio que le habría correspondido al funcionario, se encuentra establecido en el artículo 4° de la Ley N°19.345 y, por lo tanto, no depende del criterio de esta Superintendencia.</p>
<p>Sólo excepcionalmente, frente a alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito, sería procedente el reembolso de las cantidades reclamadas después del referido plazo, lo que no se observa en la situación planteada, por lo que no es posible acceder a su solicitud.</p>

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<p>Cuando el trabajador fallezca a causa de un accidente del trabajo o de trayecto, o por una enfermedad profesional, el organismo administrador responsable de calcular las pensiones de sobrevivencia, será el indicado en el número <a href=»https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-63900.html&_absolute=1″>1. Accidente del trabajo</a> y en el número <a href=»https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-63901.html&_absolute=1″>2. Enfermedad profesional</a>, de este Capítulo I, según corresponda. En ambos casos, la forma de determinar el sueldo base para establecer el monto de la pensión que habría correspondido al causante, de haberse invalidado totalmente, será la indicada en la letra b) del número 1. anterior.<br></br>
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A cada uno de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia se le deberá otorgar una pensión de monto equivalente al porcentaje de la pensión del causante que corresponda, de acuerdo con lo señalado en el <a href=»https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-63883.html&_absolute=1″>número 4, Letra E del este Título III.</a><br></br>
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El organismo administrador responsable de calcular el o los beneficios, será también responsable de pagarlo totalmente, sin perjuicio de las concurrencias que puedan corresponder en caso de que el fallecimiento haya sido causado por una enfermedad profesional.<br></br>
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Para determinar el monto de la concurrencia se debe considerar que por los períodos paralelos los organismos administradores deben concurrir en igual proporción. Así por ejemplo, si el trabajador fallecido trabajó un total de 10 años para un empleador adherido al organismo A, que es el que pagará el beneficio, y los últimos 8 años en forma paralela para un empleador adherido a un organismo B, el organismo A deberá asumir un 60% del monto de cada una de las pensiones de sobrevivencia (20% por el tiempo en que el trabajador tuvo un sólo empleador más el 50% del 80% correspondiente al período con dos organismos administradores en forma paralela). A su vez, el organismo administrador B deberá concurrir con un 40% del monto de cada una de las pensiones de sobrevivencia.</p>