Corte Suprema resuelve que finiquito tiene valor liberatorio sobre materias expresamente tratadas.

En causa Rol N° 6764-15.- la Excelentisima Corte Suprema se pronunció acogiendo un recurso de unificación de jurisprudencia, resolviendo que el finiquito en cuanto a su poder liberatorio, opera solamente sobre las materias expresamente consignadas en él, podemos destacar el siguiente pasaje de la sententencia:

Que, en consecuencia, se uniforma la jurisprudencia en el sentido que el finiquito sólo tiene poder liberatorio respecto de las materias que las partes acuerdan de manera expresa y, en el caso sublite, no comprende lo referido a la enfermedad profesional que aqueja al actor; razón por la que no corresponde atribuir al finiquito los efectos liberatorios que pretende la demandada, pues, por lo señalado, solo puede generarlos respecto a las materias acordadas de manera expresa, dentro de las cuales no está
comprendido lo referido a la enfermedad profesional que aqueja al actor; razón por la que se debe concluir que los sentenciadores del fondo incurrieron en yerro al rechazar el motivo de nulidad establecido en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de lo dispuesto en el artículo 177 y 184 del código citado y 88 de la Ley N° 16.744, y en los artículos 1545, 1560, 1564, 2446, 2460 y 2462 del Código Civil y, por consiguiente, corresponde acoger el recurso que se analiza y unificar la jurisprudencia en el sentido indicado, y anular la sentencia impugnada para acto continuo, sin nueva vista y en forma separada, dictar la correspondiente de reemplazo.

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Corte Suprema Confirma Condena a Consejo de Defensa del Estado por Tutela.

Según informa el portal Diario Constitucional, en causa sobre Tutela Laboral, contra el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema ha vuelto a ratificar el criterio jurisprudencial de que los funcionarios publicos están amparados por la acción de tutela de derechos fundamentales, contemplada en el Código del Trabajo, señala la publicación que la lesión se habría producido por discriminación, la no renovar la contrata de la funcionaria denunciante.

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Corte Suprema reafirma la existencia de derecho a huelga fuera de negociación reglada.

Según informa el medio diarioconstitucional.cl, la Corte Surprema, rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia, declarando la existencia del derecho a huelga, incluso fuera del contexto de una negociación reglada.

Señala el portal referido que uno de los fundamentos expresados por la sentencia es el siguiente:

Y es que reconociendo que la huelga es un derecho fundamental de la persona, el único límite que explícitamente la Constitución contempla cuando lo reconoce, es que no se trate de funcionarios del Estado ni de las Municipalidades, o de personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

Para revisar la publicación original de Diario Constitucional, siga el siguiente link.

Corte Suprema condena a SERVIU como empresa principal en régimen de subcontratación.

Con fecha de ayer, la Corte Suprema, acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, declarando que SERVIU de Tarapacá tiene la calidad de empresa principal, para efectos del régimen de subcontratación y la aplicación del artículo 183-a y siguientes del Código del Trabajo.

Algunos pasajes a destacar de la sentencia son los siguientes:

6° Que tal como fue antes resuelto por esta Corte en los autos rol 8.646-2014 de veintiséis de enero de dos mil quince, atendido los términos que utiliza el artículo 183-A del Código del Trabajo, debe entenderse por empresa mandante o principal a la persona natural o jurídica que siendo dueña de una obra, faena o servicio no discontinuo, externaliza su ejecución o prestación a un tercero llamado contratista que se compromete a llevarlo a cabo, con sus trabajadores y bajo su dirección, por lo tanto, el concepto empresa está referido a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. En ese contexto, la expresión “empresa” que está ligada a la noción de dueño de la obra, faena o servicio no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, porque la ley no establece otra limitación que la referida a la persona natural que encarga la construcción de una edificación por un precio único prefijado, conforme lo establece el inciso final del artículo 183-B del Código del Trabajo; por lo mismo, no es relevante o no tiene incidencia en el análisis el hecho que la persona jurídica forme parte de la administración del Estado, pues, a la luz de la primera norma citada, no constituye una circunstancia que libera de responsabilidad respecto de las obligaciones laborales y previsionales de trabajadores que se desempeñan bajo régimen de subcontratación.
Sobre la materia resulta ilustrativo lo decidido por la Contraloría General de la República a través del Dictamen Nº 2.594, de veintiuno de enero de dos mil ocho, en el sentido que es amplio el concepto de empresa principal de que se vale el legislador, dado que abarca a cualquier persona natural o jurídica, dueña de la obra, empresa o faena en que se llevaran a cabo los trabajos o se prestarán los servicios, sin diferenciar si son de derecho privado o público, concluyendo que “…En este contexto, resulta forzoso colegir que deben entenderse incluidas en el concepto empresa principal, para los efectos de la preceptiva de la subcontratación de que se trata, las entidades u organismos de la Administración del Estado.”; doctrina que, en todo caso, también surge de los Dictámenes N° 24.838 y 60.804 emitidos por el ente contralor con motivo de la aplicación de los artículos 64 y 64 bis del antiguo Código del Trabajo. Lo anterior, conduce a la conclusión que la inexistencia de lucro no tiene incidencia para determinar si se está en presencia de un trabajo en régimen de subcontratación, porque tratándose de un órgano de la administración del Estado nunca se experimentará, dado que, en definitiva, es la comunidad la que se beneficia con la ejecución de la obra o la prestación del servicio;

Y en la sentencia de reemplazo

2° Que si bien la contratación de la demandada principal por parte de SERVIU a efectos de ejecutar las obras de mantención de calzadas en Pozo Almonte e Iquique, es beneficio de la sociedad toda, aquello no es impedimento para atribuirle a esta última la calidad de dueña de la obra, empresa o faena, pues es del todo procedente aquella estimación atendida la consideración y calidad del órgano del Estado y público que detenta;
3° Que por lo razonado, se debe hacer aplicación en la especie de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo relativas al trabajo en régimen de subcontratación contenidas en sus artículos 183 A y 183 B, pues SERVIU se ha comportado como empresa conforme al concepto que para tales efectos se dio en el motivo sexto de la sentencia de unificación que antecede, a saber, toda “persona natural o jurídica que siendo dueña de una obra, faena o servicio no discontinuo, externaliza su ejecución o prestación a un tercero llamado contratista que se compromete a llevarlo a cabo, con sus trabajadores y bajo su dirección, por lo tanto, el concepto empresa está referido a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”, sin exclusión de personas jurídicas de ciertas personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, pues no hay regla que impida arribar a esta conclusión;
4° Que entonces, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Tarapacá tiene el carácter de empresa principal respecto de los demandantes, pues se colige de las normas citadas en el fallo impugnado que es la parte principal en el negocio que encomendó a la Empresa Ingeniería y Construcción ESCO Limitada, en cuanto dirigía el proyecto encomendado y lo controlaba, tal como latamente lo razona la juez del grado en la consideración undécima del fallo impugnado por el Servicio demandado solidario;

Para revisar el Recurso de unificación de jurisprudencia 29088/2014, puedes seguir el siguiente link.