ORD. N°72

‘El sistema de registro y control de asistencia denominado «REKODI», consultado por la empresa Karibu Ingeniería Limitada, presenta serias deficiencias en materia de seguridad, lo cual impide a esta Dirección autorizar su utilización en el contexto de la relación laboral.’

Dictamen O-01-S-00135-2024

<p>1. Mediante la presentación individualizada en Antecedentes, usted se ha dirigido a esta Superintendencia, solicitando un pronunciamiento relativo a la aplicabilidad del pago de licencias médicas respecto de los/las beneficiarios/as de subsidios de becas para estudios de postgrado. Indica que esa Entidad se encuentra estudiando el otorgamiento de un beneficio consistente en un pago reembolsable, que corresponderá a un 7% del valor de la manutención mensual, el cual se pagaría de manera retroactiva a los/las beneficiarios/as. Precisa que en ninguno de los casos planteados, el subsidio de la beca dejaría de pagarse de manera continua, por el período que se haya pactado en su respectivo convenio de beca. Indica, además, que el/la becario/a no debe justificar ausencia ante la ANID, ni el objetivo del beneficio homologable a cobertura de salud tiene por objeto reemplazar renta, considerando que la beca es un subsidio a una persona natural cuyo fin es la obtención del grado académico de postgrado por la cual fue conferida la beca.</p>
<p>2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con manifestar, en primer término, que el artículo 1° del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador o trabajadora de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, y que le permite gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.</p>
<p>Como puede observarse, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador o trabajadora que sufre una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. En efecto, sólo le asiste el derecho denominado licencia médica a las personas que son trabajadores o trabajadoras activas, pues la principal finalidad de la licencia médica, de acuerdo con la definición transcrita, es justificar la ausencia total o parcial a su lugar de trabajo, cuando está afectado o afectada por una contingencia (enfermedad, accidente común, maternidad, etc.) que le causa incapacidad laboral temporal. De lo anterior, se concluye que no le asiste derecho a licencia médica al trabajador cesante, o a quien no desempeña actividad remunerada en calidad de trabajador dependiente o independiente, pues no tiene que justificar ausencia al trabajo, y no existe tampoco una remuneración que reemplazar con el subsidio por incapacidad laboral derivado de la respectiva licencia médica.</p>
<p>De esta manera, si el/la becario/a hace un pago voluntario de la cotización de salud, sin que desempeñe alguna actividad remunerada como trabajador dependiente o independiente, no tiene derecho a hacer uso de licencia médica, puesto que no tiene ausencia laboral que justificar ni remuneración o renta que reemplazar. Lo anterior, sin perjuicio de las prestaciones médicas a las que pueda tener derecho -como consultas médicas, exámenes, procedimientos, etc.- en su calidad de cotizante voluntario.</p>
<p>Por su parte, si el/la becario/a cotiza voluntariamente para salud, y adicionalmente desempeña labores como trabajador dependiente o independiente, la licencia médica se le emitirá en dicha calidad -es decir, como trabajador dependiente o independiente- y lo habilitará para ausentarse de sus labores y percibir un subsidio por incapacidad laboral derivado de dicha licencia médica, todo ello condicionado al cumplimiento de los requisitos específicos que la normativa exige para acceder al referido beneficio. En este escenario, la cotización que el/la becario/a efectúe voluntariamente no le dará derecho a que se le emita una licencia o se le pague un subsidio en esta última calidad.</p>
<p>3. En consecuencia, en atención a lo expuesto precedentemente, esta Superintendencia estima atendida su solicitud de pronunciamiento.</p>

Abierta convocatoria del premio Suseso a la seguridad y salud laboral 2024. Premio Tucapel 2024

El Premio Tucapel González García lo entrega cada año la Superintendencia de Seguridad Social para destacar a aquellas empresas o instituciones que desarrollan una gestión preventiva de excelencia de los riesgos laborales al interior de sus organizaciones.

Ministro (s) Boccardo, DT y SUSESO detallan entrada en vigencia de la Ley de Conciliación. Ley de Conciliación

• La Superintendencia de Seguridad Social emitió Circular en la que imparte instrucciones a las mutualidades e ISL, para que dichas entidades entreguen asistencia técnica a sus empresas adheridas o afiliadas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Circular 3803

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL ENTRE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS Y LAS PERSONAS TRABAJADORAS. MODIFICA EL TÍTULO II. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES Y DE LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS
DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744

Actividades preventivas

<p><span>Los organismos administradores tienen la obligación de proporcionar a sus</span> entidades empleadoras y trabajadores independientes afiliados o adheridos, <span>las prestaciones preventivas que dispone la Ley Nº16.744 y sus reglamentos complementarios, las que deben otorgarse de manera gratuita y con criterios de calidad, oportunidad y equidad.</span> Tratándose de los trabajadores independientes, los organismos administradores deberán efectuar campañas de prevención focalizadas en las actividades económicas que se determinen como riesgosas.</p>
<p>Respecto de las entidades empleadoras que registren trabajadores bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, los organismos administradores deberán cumplir las obligaciones que le impone el marco normativo vigente y las instrucciones contenidas en la <a href=»/613/w3-article-497208.html»>Letra D, Título III, del Libro I</a>.<br></br>
<br></br>
Las actividades permanentes de prevención, en particular aquellas de riesgos psicosocial, referidas a las gestiones, procedimientos, protocolos, cuestionarios, guías o instrucciones que los organismos administradores y administradores delegados, según corresponda, deban realizar dentro de la normativa vigente, como intervención con sus entidades empleadoras, deberán ser de manera <em>ex ante</em>, tal como se encuentra normado por el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo del Ministerio de Salud, deberán considerar en todos los casos, la evaluación obligatoria de estos riesgos cada dos años y todas las actividades que contempla el método; asimismo, se deberá tener presente la naturaleza y magnitud del riesgo asociado a la actividad productiva, velando que por medio de dicha intervención, se logren relaciones laborales concordantes con el trabajo decente, conforme a los principios que se establecen por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptando perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, para que de esta forma, se resguarde a la persona trabajadora en todas las dimensiones de riesgo psicosocial al momento de conciliar la vida privada, familiar y laboral.</p>
<p>Por otra parte, estas acciones de prevención <span>deberán ser imputadas en el ítem Código 42050 «Prestaciones preventivas de riesgos» del FUPEF, instruido en el Libro VIII.</span></p>
<p><span>Con la finalidad de unificar criterios, se presentan a continuación las definiciones operativas de las actividades preventivas, que serán de utilidad en la fiscalización de los respectivos planes anuales de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.</span></p>

Dictamen 1474-2024

<p class=»dictamen-subtitle»>Visto:</p>
<p>La Ley N° 16.395, que regula la organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social; y las Resoluciones N°s 6,7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.</p>
<p class=»dictamen-subtitle»>Considerando:</p>
<p>Que, la interesada ha recurrido a esta Superintendencia, solicitando un pronunciamiento respecto a su situación, ya que durante el año 2022, sufrió un accidente escolar que le generó secuelas que actualmente la obligan a usar una muleta. Sin embargo, en el Hospital Regional le dijeron que el seguro escolar no cubre ese tipo de implementos.</p>
<p>Que, sobre el particular, esta Superintendencia manifiesta que el D.S. N° 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamenta el denominado seguro escolar de la Ley N° 16.744.</p>
<p>Que, el citado cuerpo reglamentario otorga cobertura a los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares, de nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o reconocidos por éste, por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la «realización de su práctica educacional o profesional» respecto de toda lesión que sufran a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.</p>
<p>Que, por su parte, conforme a lo previsto en el artículo 4° del citado cuerpo reglamentario, corresponde a los Servicios de Salud proporcionar las atenciones médicas, quirúrgicas y dentales que fueran necesarias hasta la curación completa de la víctima o mientras subsistan las secuelas causadas por el accidente. El Servicio de Salud competente es aquél que ejerza jurisdicción en el lugar en que se encuentre ubicado el establecimiento educacional o donde ocurrió el siniestro.</p>
<p>Que cabe señalar que el artículo 7 del citado D.S. N° 313, señala que el estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se otorgan gratuitamente mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente:</p>
<p>a) Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.</p>
<p>b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.</p>
<p>c) Medicamentos y productos farmacéuticos.</p>
<p>d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.</p>
<p>e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y</p>
<p>f) Los gastos de traslado y cualquiera otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.</p>
<p class=»dictamen-subtitle»>Teniendo Presente:</p>
<p>En virtud del relato efectuado por la interesada, se desprende que el presente infortunio constituiría un accidente escolar, por lo que se instruye al Servicio de Salud a revisar la situación de la afectada y en la medida que clínicamente se haya establecido la necesidad de desplazarse con una muleta, la ponga a su disposición, siempre que aún no lo haya hecho, toda vez que el seguro escolar cubre ese tipo de prestaciones.</p>
<p>Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que este Organismo Fiscalizador está adoptando las medidas necesarias tendientes a que reclamos como el presentado por la recurrente sean resueltos en tiempo y forma, no como ocurrió en este caso, en el que transcurrió un periodo de tiempo demasiado extenso e inaceptable.</p>
<p>Se deja constancia que, en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indicado en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880.</p>