<p><span>Con el fin de gestionar los riesgos operacionales asociados a la subcontratación, las mutualidades deberán establecer una política para evaluar, administrar y monitorear los procesos subcontratados, siendo la mutualidad la responsable última de dichos procesos.<br></br>
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Dicha política deberá considerar:</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>La evaluación del riesgo, que considere a todas las partes involucradas, previa decisión de externalización. Dicha evaluación debe considerar criterios tales como: los montos pagados, el volumen de transacciones y la frecuencia de trato con el proveedor del servicio.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>El proceso de selección del proveedor del servicio.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>La elaboración del acuerdo de subcontratación.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>La gestión y monitoreo de los riesgos asociados con el acuerdo de subcontratación.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>La identificación de la criticidad del proveedor.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>La implementación de un entorno de control efectivo.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>Establecimiento de planes de continuidad operacional, así como sus pruebas periódicas y reporte de resultados.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>Acceso a la información por parte del regulador.</span></p>
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<p xml:lang=»es-CL»><span>Procedimientos de revisión y actualización de la política de actividades externalizadas, indicando la periodicidad e instancia de la revisión. Estas revisiones deben ser realizadas con una periodicidad de a lo menos una vez al año, debiendo quedar registro de ello.</span></p>
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<p><span>Los acuerdos de subcontratación deberán formalizarse mediante contratos firmados entre las partes, teniendo presente el acuerdo del nivel de servicio, las cláusulas de penalizaciones, garantías y las responsabilidades del proveedor y de la mutualidad, así como establecer los mecanismos de control y seguimiento que se consideren necesarios.</span></p>
<p><span>La política de actividades externalizadas, así como cualquier modificación, deberá ser remitida a la Superintendencia de Seguridad Social en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contado desde el día siguiente</span> a su aprobación<span>.</span></p>
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