Contraloría, estima que no corresponde aceptar retiro de alumnos de la asignatura de religión en el transcurso del año

La Contraloría General de la República, ha estimado a través del dictamen N° 33003 de fecha 24 de abril de 2015, que no corresponde aceptar retiro de alumnos de la asignatura de religión en el transcurso del año.

Podemos destacar los siguientes parrafos de dicho dictamen:

…Ahora bien, el artículo 3° del aludido decreto N° 924, de 1983, dispone que “Las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de Religión”.

Al respecto, la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General contenida en su dictamen N° 14.416, de 1989, entre otros, ha resuelto que los establecimientos educacionales del país están obligados a impartir la asignatura de religión, cuando los padres o apoderados del respectivo plantel, al momento de matricular a sus hijos o pupilos, expresen que desean la enseñanza de ese ramo.

… Como puede apreciarse, esta Entidad de Control, al efectuar el examen de juridicidad del referido acto reglamentario no estimó que éste fuera contrario a la señalada garantía constitucional -como tampoco a aquella que asegura el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos-, por la circunstancia que se estableciera una oportunidad dentro de la cual los padres debían optar por las clases de religión, esto es, al momento de la matrícula del alumno.

Lo anterior armoniza, además, con la necesaria seguridad jurídica que deben tener tanto los profesores que han de ser contratados para impartir los pertinentes cursos, como la del propio establecimiento de educación que, conforme a lo ya expuesto, se encuentra en el deber de impartir esa enseñanza en el evento que exista a lo menos un alumno cuyos padres o apoderados hayan optado por tales clases, tal como, en relación con esto último, se resolvió en el dictamen N° 75.624, de 2012, de este origen.

En este contexto, no se advierte el fundamento jurídico para que la Superintendencia de Educación, en el punto 25.1 de su Circular N° 1, de 2014, haya alterado el claro sentido del referido artículo 3° reglamentario al disponer que los padres y/o apoderados deberán manifestar por escrito al momento de matricular a sus alumnos “por primera vez” en un establecimiento educacional municipal o particular subvencionado no confesional, si desean o no que su pupilo asista a las clases de religión, añadiendo que “En caso que el apoderado del alumno cambie de parecer, deberá informar dicha decisión por escrito al establecimiento.”.

Para revisarvel dictamen completo, puedes seguir el siguiente link.

Actualidad Jurídica – Contraloría se pronuncia sobre descuentos a remuneraciones de trabajo penitenciario.

El sitio web Diario Constitucional, informa sobre el dictamen nº 15080 de fecha 24 de febrero de 2015, en el cual la Contraloría General de la República se pronuncia respecto a la legalidad de los descuentos a remuneraciones de trabajo penitenciario.

En efecto, el dictamen referido comienza:

Se ha dirigido a esta Contraloría General el Director del Trabajo para requerir un pronunciamiento acerca de los descuentos que afectan a las remuneraciones de los internos que trabajan en condiciones de dependencia dentro de los programas de Gendarmería de Chile, establecidos en el artículo 47 del decreto N° 943, de 2011, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento que establece el Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario. Ello pues una de las empresas encargadas de gestionar la rehabilitación de internos mediante dichos programas, requirió determinar la legalidad de tales deducciones, al constar en un reglamento y no en una ley.

Más adelante el dictamen indica:

Según su artículo 4 [del del decreto N° 943, de 2011], las relaciones entre internos y terceros ajenos a Gendarmería de Chile, regidas por la legislación laboral común, suponen la vigencia plena de todas las disposiciones que componen dicha normativa, salvo en lo relativo al ejercicio de derechos colectivos, los que estarán limitados en los términos que indica.

Su artículo 13 agrega, en lo pertinente, que toda actividad productiva desarrollada por quienes se encuentren bajo el control de Gendarmería de Chile, será siempre remunerada.

A este respecto, conviene resaltar que el artículo 43 prevé que “La remuneración del trabajador interno, será siempre idéntica a la de los trabajadores libres que desempeñen la misma labor y estará sujeta a las retenciones y disposiciones especiales que la pertinente normativa prescribe.”.

Para revisar en su integridad el texto del dictamen, revise el siguiente link

Para revisar la publicación del sitio web Diario Constitucional, revise el siguiente link.

 

Actualidad Jurídica – Contraloría evacua informe sobre irregularidades en el proceso de censo 2012

La Contraloría General de la República con el objeto de auditar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó las actividades del «XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda», en la Región Metropolitana procedió a fiscalizar en lo pertinente y arribando, entre otras, a las siguientes conclusiones, respecto a eventuales irregularidades en el proceso de censo 2012:

2. Sobre lo indicado en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 1, Unidad de Auditoría Interna, el INE deberá informar sobre las acciones emprendidas en torno a la recuperación de las sumas de M$ 4.343 y M$ 2.559, por pagos duplicados de honorarios, y de M$ 1.919, respecto de pago de honorarios por montos superiores a los establecidos en los contratos suscritos, según se consigna en los compromisos Nos 20, 24 y 25, cuyos casos fueron observados en el informe de auditoría N° 5, de 2013, del Departamento de Auditoría Interna; así como de los avances respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Departamento de Gestión Financiera, mediante el oficio ordinario interno N° 71, de 2014, de ese origen, acompañando los antecedentes de respaldo respectivos, en el plazo de 60 días hábiles a contar del día siguiente de la recepción del presente informe.

Más adelante también indica

5. Respecto a lo indicado en el capítulo IV, otras observaciones, el INE deberá informar sobre el estado y ubicación de los 14.500 petos, 15.900 mochilas y 2.000 casaquillas, indumentaria utilizada durante el censo 2012, adjuntando los antecedentes de respaldo correspondientes, en el plazo de 60 días hábiles

Para ver las conclusiones completas y el informe en su totalidad, sigue el siguiente link

Puedes discutir éste y otros temas relacionados en nuestro foro de discusión de Derecho Público aquí.

Actualidad Jurídica – Contraloría investiga eventuales cobros excesivos por el arriendo de maquinarias y camiones para la limpieza y retiro de escombros de los cerros de Valparaíso

Con fecha 25 de febrero del año en curso, la Contraloría Regional de Valparaíso, evacua informe dando cuenta de la investigación sobre un eventual cobro excesivo en el arriendo de maquinarias para la limpieza de escombros consecuencia del gran incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso, dentro de los puntos que expone el informe podemos destacar:

Los precios de los servicios cobrados por la empresa Jaime Figueroa Molina, por prestaciones ascendentes a la suma total de $ 1.843.263.847, no se ajustan a la cotización de fecha 13 de abril de 2014, entregada al Encargado de Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, constatándose que ni la lntendencia Regional, ni la Dirección Regional de la ONEMI, ni el municipio definieron, de manera previa y formal, la tarifa de los trabajos contratados, en contravención al principio de certeza jurídica y lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del decreto N° 250, de 2004 (numeral 3).

Más adelante también señala

15. Se detectó una diferencia sin respaldo de $ 24.320.000, en el ítem «Camiones Medias Aguas», entre lo cobrado por el contratista y lo informado por el Director de Administración de Bienes Municipales y el Encargado de la Coordinación y Distribución de Viviendas de Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, además, por dicho concepto, se constató la existencia de REPORT de subcontratistas que no cuentan con la firma de funcionarios municipales.
A su vez, la municipalidad no informó en qué consistieron las labores denominadas trabajos cooperativos con personal de Armada, Ejército de Chile y ayuda subida Troncoso-Santa Elena (numeral 1 0)

Finalmente el informe concluye instruyendo un sumario a fin de aclarar los hechos:


En consecuencia, y en relación con las situaciones irregulares advertidas en la investigación y de las cuales da cuenta el presente informe, esta Contraloría Regional iniciará un proceso sumarial destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, en el que se acumularán las piezas sumariales del procedimiento disciplinario iniciado por la
Municipalidad de Valparaíso, a través del decreto alcaldicio N° 1.094, del 13 de noviembre de 2014.

 

Para conocer en su integridad el informe referido, puedes revisar el siguiente link.

Puedes discutir éste y otros temas relacionados en nuestro foro de discusión de Derecho Público aquí.