Práctica Jurídica

Dictamen 46831-2024

Visto:
La Ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el D.S. N° 75, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las Resoluciones N°s. 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, el 15 de febrero de 2024, el funcionario del Servicio de Salud, recurrió a esta Superintendencia porque su empleador público no ha autorizado el reconocimiento de su hija como su causante de asignación familiar.
Que, el interesado acompaña el certificado de centro de estudios, de 28 de enero de 2024, que indica que su hija es alumna regular de la carrera de INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD, durante el primer bimestre de 2024.
Que, el interesado indica en su presentación que el certificado establece un periodo bimestral, porque es la forma de evaluación que tiene el instituto.
Que, el recurrente también adjunta copia de la respuesta enviada por correo electrónico por su empleador público, en el que rechaza la autorización del reconocimiento atendido lo instruido en el numeral 3.3.2.1 de la Circular N° 2.511, de 2009, de esta Superintendencia, que hace referencia a la presentación del certificado de alumno regular, anual o semestral y no bimestral.
Que, conforme a la letra b) del artículo 3° del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, son causantes de asignación familiar los hijos y los adoptados hasta los 18 años y los mayores de esa edad y hasta 24 años, solteros, que sigan cursos regulares en la enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado o reconocidas por éste, en las condiciones que determine el reglamento.
Que, de la norma indicada se infiere que el supuesto básico para que los hijos mayores de 18 y hasta 24 años de edad puedan ser invocados como causantes de asignación familiar, es que sigan cursos regulares en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por éste. Sin perjuicio de lo anterior, los causantes deben cumplir con el requisito de vivir a expensas del beneficiario establecido en el artículo 5° del mencionado D.F.L. N° 150.
Que, el inciso segundo del artículo 25 del D.S. N° 75, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el hecho que el causante siga cursos regulares en la enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, debe acreditarse con un certificado expedido por la autoridad competente del respectivo establecimiento educacional.
Que, la Circular N° 2.511, de 26 de febrero de 2009, primer párrafo del punto 3.2.2.4, instruye que el hecho de que el causante siga cursos regulares en la enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o reconocidas por éste, debe acreditarse con un certificado de alumno regular emitido por la autoridad competente del respectivo establecimiento educacional. Por otra parte, el punto 3.3.2.1. de la aludida Circular establece que los beneficiarios de estos causantes deben acreditar tal circunstancia mediante la presentación del correspondiente certificado de alumno regular, anual o semestral, según corresponda.
Que, revisada la página web www.—–.cl se verifica que la carrera de INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD tiene una duración de 4 años y conduce a un título profesional.
Que, el hecho que el Instituto haya emitido un certificado de alumno regular bimestral no impide que el Servicio de Salud autorice el reconocimiento de la hija del interesado por el periodo que indica el certificado, esto es, por el primer bimestre de 2024 (enero y febrero), debiendo el recurrente presentar un nuevo certificado de continuidad de estudios si desea que su hija mantenga la calidad de causante de asignación familiar.
Que, para evitar la presentación de múltiples certificados cada dos meses, el interesado puede solicitar al Instituto la emisión de un certificado de alumno regular por todo el periodo en que su hija se encuentre matriculada, pero si ello no es posible por diferentes razones, el recurrente se verá obligado a presentar a su empleador un nuevo certificado de alumno regular cada dos meses.
Que, revisado el sistema de información SIAGF, consta que el interesada fue beneficiario de asignación familiar de su hija hasta el 30 de septiembre de 2022, por el Servicio de Salud.
Que, el certificado de alumna regular acompañado señala que la hija del recurrente tiene dicha calidad por el primer bimestre de 2024. Como ello corresponde a enero y febrero de 2024, resulta necesario que el interesado acredite con un documento adicional la fecha de inicio de las clases, la que corresponderá al primer día del reconocimiento.
Que, lo anterior se fundamenta en que conforme a la Circular N° 2.511, de 2009, de esta Superintendencia, numeral 4.2.4. «Pago de prestaciones familiares a los estudiantes mayores de 18 años de edad», «De acuerdo con el inciso tercero del artículo 18 del D.S. N° 75, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las asignaciones familiares correspondientes a causantes estudiantes mayores de 18 años de edad deben continuar pagándose sin solución de continuidad durante los meses siguientes al término del período escolar y hasta aquél en que empiece el periodo siguiente, mes este último en que debe acreditarse la nueva matrícula. Acorde con ello, las entidades pagadoras de prestaciones familiares no deben suspender al 31 de diciembre el pago de las asignaciones familiares a los estudiantes de 18 años o más y hasta 24 años, sino que deben continuar pagándolas hasta el inicio del próximo periodo escolar. Sólo si la nueva matrícula no se acredita dentro del mes en que se inicia el nuevo período de estudio, según lo señalado en el punto 3.3.2.1 de esta Circular, debe suspenderse de inmediato el pago del beneficio de que se trata y se debe entender que el causante ha perdido su calidad de tal a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que terminó el anterior periodo de estudio y que el beneficio se extinguió a partir de esa fecha, debiendo, por ende, el beneficiario devolver las asignaciones familiares indebidamente percibidas desde entonces. Similar procedimiento debe aplicarse al término de un semestre en aquellos casos en que el régimen de estudios es semestral.».
Que, por lo anterior, además el Servicio de Salud debe averiguar cuándo fue el último día de estudios de la causante durante el primer semestre de 2022 y corregir la fecha de extinción en el sistema de información SIAGF, de acuerdo a lo antes expresado, esto es, a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que terminó el anterior periodo de estudios y no al 30 de septiembre de 2022.
Teniendo Presente:
Instrúyese al Servicio de Salud autorizar la solicitud del intresada de reconocimiento de su hija como su causante de asignación familiar por enero y febrero de 2024 o desde la fecha de inicio de clases.
Instrúyese al Servicio de Salu corregir la fecha de extinción del reconocimiento de la mencionada causante del primer semestre de 2022.

Dictamen 46177-2024

Visto:
La Ley N°16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y las Resoluciones N°s 6,7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, mediante presentación de 1 de diciembre de 2023, ha recurrido a esta Superintendencia la interesada , reclamando en contra de la COMPIN , que confirmó el rechazo de la ISAPRE, de la licencia médica N° 26, por 30 días a contar del 20 de octubre de 2023, porque los trabajadores de la empresa empleadora estaban en Huelga.
Que, la regla general es que en caso de huelga no corresponde autorizar licencias médicas iniciadas durante la misma, porque el trabajador no tiene que justificar ausencia laboral, salvo dos excepciones:
a) la licencia se debe autorizar por los días de reposo que quedaren, posteriores al término de la misma, y
b) cuando la persona se encuentra haciendo uso de licencias médicas continuadas desde ante del inicio de la huelga.
Que, en la especie, la entidad empleadora estaba en huelga desde el 13 de septiembre de 2023, desconociéndose el término de la misma.
Que, no obstante, en el caso ello es irrelevante, por cuanto la recurrente se encontraba haciendo uso de licencia médica continuada, es decir, sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico desde una fecha anterior. En efecto registra licencias médicas autorizadas entre el 8 de mayo y el 19 de octubre de 2023, por lo que la licencia médica reclamada, N°3-92921426, por 30 días a contar del 20 de octubre de 2023, es la continuación de las mismas.
Teniendo Presente:
Instruyese a la COMPIN proceda a modificar su resolución anterior, ordenando a la ISAPRE autorizar la licencia médica N° 26.

Dictamen 53610-2024

Visto:
La Ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el artículo 35 de la Ley N° 20.255, que estableció un subsidio para las personas con discapacidad mental, física o sensorial severa y que sean menores de 18 años de edad; el D.S. N° 54, de 7 de septiembre de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Circular N° 3.692, de 7 de septiembre de 2022, de esta Superintendencia y las Resoluciones N°s. 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, el 26 de enero de 2024, la la interesada ha recurrido a esta Superintendencia solicitando la reevaluación de su hijo , porque la COMPIN determinó que le correspondía un 30% de discapacidad, no obstante que había sido determinado previamente que presentaba un 57%.
Que, el artículo 35 de la Ley N° 20.255 estableció el subsidio para las personas con discapacidad mental, física o sensorial severa. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo efecto se entenderán vigentes.
Que, primeramente, respecto al subsidio por discapacidad mental se debe utilizar el concepto de invalidez contenido en el artículo 2° de la Ley N° 18.600, que establece lo siguiente:
»Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.
Se entiende disminuida en un tercio la capacidad educativa, laboral o de integración social de la persona cuando, considerando en conjunto su rendimiento en las áreas intelectual, emocional, conductual y relacional, se estime que dicha capacidad es igual o inferior al setenta por ciento de lo esperado para una persona de igual edad y condición social y cultural, medido por un instrumento validado por la Organización Mundial de la Salud y administrado individualmente».
Que, seguidamente, en relación al subsidio por discapacidad física o sensorial, el D.S. N° 54, de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dispone en su título segundo artículo 5 que se considera persona con discapacidad física sensorial a aquella a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.422 y su reglamento correspondiente. La persona con discapacidad física o sensorial severa es aquella que presenta entre 50% y 94% de restricciones en la participación o limitaciones en las actividades propias de su edad a causa de sus condiciones de salud. Para efectos de este reglamento, la discapacidad severa comprenderá también la discapacidad profunda, que es aquella que presenta entre 95% y 100% de restricciones en la participación o limitaciones en las actividades propias de su edad, en los términos a que se refiere el reglamento del artículo 14 de la ley N°20.422. La calificación de la discapacidad física o sensorial severa se regirá por lo dispuesto en el artículo 3° del presente reglamento.
Que, requerida la COMPIN, el 27 de febrero de 2024 informó a esta Superintendencia a través del sistema PAE, lo siguiente:
- La decisión fue adoptada por una comisión médica compuesta por profesionales expertos en la materia y se fundamenta en los informes médicos proporcionados para la evaluación.
- Los lineamientos de evaluación se encuentran establecidos para realizarse a través de los antecedentes entregados por cada solicitud, sin realizar peritaje. Por lo anterior, cada usuario es responsable de suministrar la documentación que contenga la información necesaria para la evaluación.
- El porcentaje más alto en este caso se deriva del Instrumento de Valoración del Desempeño Comunitario (IVADEC-CIF), es un autoreporte que proporciona un porcentaje de discapacidad «base».
- El porcentaje se correlaciona con los informes médicos, lo que brinda a los profesionales una visión completa para tomar la determinación del porcentaje final.
- Si el porcentaje asignado es inferior al IVADEC-CIF (porcentaje previamente conocido por el usuario o su representante), existe la posibilidad de apelación (como se utilizó en este caso). En esta etapa, se vuelve a examinar el caso, complementándolo con nueva documentación y revisando el porcentaje asignado anteriormente, ya sea manteniéndolo o ajustándolo.
- Si se considera necesario, se puede presentar una nueva solicitud de evaluación.
- Siempre se recomienda adjuntar antecedentes médicos que describan su funcionalidad respecto a las actividades de la vida diaria, incluyendo los documentos obligatorios y, en su caso, la confirmación diagnóstica de un especialista. Además, cabe mencionar que se pueden realizar hasta dos evaluaciones en un año calendario.
- Tanto los criterios de evaluación como la disponibilidad de recursos humanos no permiten la realización de peritajes para la evaluación de la credencial de discapacidad.»
Que, los antecedentes fueron revisados por profesionales médicos de esta Superintendencia, concluyendo que la COMPIN debe realizar una reevaluación del caso, toda vez que los documentos adjuntados (dentro de los que se encuentra el informe biomédico funcional y el IVADEC) indican que se trata de un grado de discapacidad severo, con un porcentaje de discapacidad 57.5%. Cabe señalar que entre los documentos adjuntados no existe mención de reevaluación por la COMPIN correspondiente, ni existen otros antecedentes que expliquen la reducción del porcentaje de discapacidad de 57% a 30%.
Teniendo Presente:
Instrúyese a laCOMPIN revisar nuevamente la discapacidad del menorde que se trata . Si resultare necesario, deberá solicitar por escrito a su madre que presente los documentos y antecedentes médicos que resulten necesarios para efectuar la reevaluación, indicándolos expresamente.

Dictamen 51473-2024

Visto:
Lo dispuesto en la Ley N°16.395, que fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N°18.833, que contiene el Estatuto Orgánico de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica; el D.S. N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento del Régimen de Prestaciones de Crédito Social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; lo dispuesto en el Compendio de Normas de la Ley N°18.833, de la Superintendencia de Seguridad Social; lo dispuesto en las Resoluciones N°s 7 y 8, de 2019, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que, mediante presentación de 15/01/2023, la interesada solicita que reclama en contra de CCAF «A» señalando que la entidad afirmó que había consentido una reprogramación de su crédito el año 2022, por lo que insiste en que la CCAF exhiba el respectivo documento de respaldo, antes de descontarle dicha supuesto «reprogramación».
Que, la CCAF «A» argumenta mediante Carta de 12/02/2024, que la reprogramación y/o modificación realizada el año 2022, corresponde a un ajuste automático efectuado en cumplimiento de los porcentajes máximos descuento que exige la normativa vigente, por lo que no cuenta con pagaré o documento de respaldo.
Que, este Organismo instruyó mediante RESOLUCIÓN EXENTA de 12/01/2024: » a las CCAF de «A» y «B» efectuar la recaudación del crédito social contratado por la interesada, en la forma señalada en los Considerandos precedentes, esto es, se recaudará el crédito más antiguo primero y a continuación aquel que hubiere sido contratado más recientemente». En consecuencia, lo instruido por esta Superintendencia, en cuanto a ajustar el crédito reclamado, es efecto necesario y directo de lo solicitado por la interesada en su primera presentación de 01/12/2023, en relación a respetar el tope de descuento.
Que, la Resolución recurrida también dispone que al retomar los descuentos, CCAF sólo podrá cobrar la cuota originalmente pactada del crédito» (no incluyendo la supuesta reprogramación), toda vez que la entidad no ha acompañado los antecedentes de respaldo de la supuesta reprogramación del año 2022 y sólo puede ajustar los pagos (diferimiento sin costo), en favor del deudor, por lo que la reanudación de los descuentos a la interesada después del ajuste ordenado, no implica un aumento de su deuda.
Que, este Organismo ha tomado conocimiento del cumplimiento parcial de lo instruido, considerando que lo resuelto por esta Superintendencia a la fecha sólo resulta en la prórroga de la deuda de la interesada con la CCAF «A», toda vez que la deuda con CCAF «B» deberá ser recaudada con anterioridad a ésta, por lo que el actual reclamo de la interesada respecto de la reprogramación de la deuda con CCAF «A», se restringe a un recálculo de la deuda, donde los montos recaudados por concepto de la reprogramación del año 2022, deberán imputarse a la deuda capital original de la reclamante.
Que, esta Superintendencia estima necesario contestar a CCAF «A» en forma detallada sobre este punto, en atención a su respuesta remitida mediante Carta de 12/02/2024, en tanto que las Cajas de Compensación no se encuentran facultadas para realizar interpretaciones de la normativa que las rige, ya que no deben existir dudas o diferencias interpretativas respecto a lo expresado, en cuanto a que las reprogramaciones, tanto sean con o sin costo para los afiliados, deberán ser consentidas por el interesado, ya sea en el pagaré o ratificadas en forma posterior y únicamente cuando la reprogramación se produzca en exclusivo beneficio del afiliado por las situaciones previstas en la normativa: licencia, médica, no pago de entidad pagadora (error), disminución del monto de la pensión y otras que disponga la norma que rige a las Cajas de Compensación.
Que, es pertinente agregar que el artículo 2°, letra a), de la Ley N°16.395 dispone que es función de esta Superintendencia fijar en el orden administrativo la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia, facultad que este Servicio ha ejercido en este caso conforme a la ley.
Que, en relación al párrafo 11 del numeral 3.10.2 del el Compendio de Normas de la Ley N°18.833, de esta Superintendencia y de la Circular N°3567, de 2021, citada por la CCAF, ha de considerarse que la interpretación realizada por la entidad es errónea, ya que la disposición ha sido aplicada anteriormente por abundante jurisprudencia de este Organismo Supervisor como una consecuencia necesaria de la aplicación de los topes de descuento impuestos por la normativa vigente desde el año 2003, fecha de la aprobación de la Circular N°2052, que dio aplicación a los topes de descuentos de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación.
Que, en cuanto a la Circular N°3.567, actualmente la norma citada se encuentra contenida en el Compendio de Normas de la Ley N°18.833, de esta Superintendencia, que se refiere justamente a aquellas excepciones en las que es necesario reprogramar o ajustar la deuda para reflejar un diferimiento de cuotas sin costo o disminuir el valor de las mismas, con el objeto de constituir un beneficio al deudor, en los casos excepcionales previstos todos los que involucran situación de interrupción de los pagos por causas ajenas a la voluntad del deudor, por este motivo y únicamente para evitar un mayor perjuicio al trabajador o pensionado, es que exime al deudor en forma transitoria (ya que siempre puede cambiar las condiciones en acuerdo con la CCAF) de su autorización presencial o remota y siempre condicionado a que su consentimiento en tal sentido haya sido manifestado y conste en el respectivo pagaré o se ratifique y al hecho que este descuento o prórroga vaya dirigido a su beneficio.
Que, la misma norma señala que la reprogramación aludida no constituye una nueva operación de crédito que implique la emisión de otro pagaré ni la cobranza de los gastos asociados al otorgamiento de un nuevo crédito social, por lo que siempre que sea necesario ajustar un crédito social para cumplir la normativa vigente, este ajuste no podrá contener nuevos costos para el deudor ni significar un aumento de la deuda sino únicamente un diferimiento o prórroga de las cuotas o ajuste de las mismas en menor monto y correspondiente mayor número de cuotas, siendo estas siempre las mínimas posibles.
Que, como lo ha señalado este Organismo en numerosa jurisprudencia, los ajustes no previstos por las Cajas de Compensación ni consentidos por los deudores de crédito social, deben tener como objetivo únicamente el cumplimiento de la normativa vigente, en resguardo de los intereses de los afiliados a CCAF y no constituyen una reprogramación crediticia como tal sino un ajuste del plan de pago de la deuda, que no involucra nuevos gastos, cobro de intereses u otros cargos a la deuda capital del crédito social.
Que, sin embargo, cabe aclarar a CCAF «A» que la reprogramación automática en favor del deudor, en los casos previstos en la normativa (todos los cuales implican morosidad por causas ajenas a la voluntad del deudor), no provoca un mayor endeudamiento de la afectada, sino que prorroga o difiere los saldos de descuento que exceden los topes normativos del Sistema de CCAF, el que opera sin intereses ni otros cargos, por lo que no tiene sustento la argumentación presentada por la Corporación.
Que, de acuerdo a la jurisprudencia de este Organismo, todos los montos que no se puedan cobrar por el Sistema de CCAF, dentro de los topes permitidos, en conformidad a la normativa que las rige, deberán recaudarse fuera del Sistema de Cajas, esto es, sin la posibilidad de efectuar descuentos a las remuneraciones de de la deudora y optando por la vía de la justicia ordinaria en la cobranza de estos saldos adeudados.
Que, esta Superintendencia cumple con manifestar respecto a lo solicitado por la recurrente, que la aplicación del ajuste o reprogramación del año 2022, deberá ser aplicado por la CCAF en favor de la titular del crédito, sin que involucre un aumento de la deuda de la titular sino únicamente un beneficio en la forma de pago del crédito social, lo que ya se encontraba dispuesto en la Resolución recurrida. En consecuencia, deberá ser calculada aumentando el número de cuotas estrictamente en lo necesario para mantener el monto de las mismas dentro del tope máximo de descuento.
Que, en relación a la Resolución citada, lo resuelto en ella es coherente con los criterios aplicados en este y anteriores dictámenes de esta Superintendencia.
Teniendo Presente:
Acógese lo solicitado por la reclamante e instrúyase a CCAF «A» efectuar un ajuste de la reprogramación efectuada en el año 2022 a la deuda de la interesada, en los términos descritos en los Considerandos precedentes y cúmplase lo ordenado en la RESOLUCIÓN EXENTA de 12/01/2024, en el plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de la presente Resolución notificando a la interesada la regularización del crédito social reclamado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en la Ley N°16.395, Orgánica de este Organismo Fiscalizador.

Dictamen 51474-2024

Visto:
La Ley N° 16.395, que regula la organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Decreto Supremo N° 101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 16.744; el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social, y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que la interesada ha reclamado en contra del organismo administrador, a fin de que le reintegre aquellos gastos en los que habría incurrido por concepto de traslado en virtud de la reclamación que aquella presentó en contra del organismo administrador de la Ley N|°16.744 ante la Comisión Médica de Reclamos -COMERE-.
Que requerido al efecto, el organismo administrador informó que en cuanto al reclamo de la trabajadora, en orden a que le correspondería reembolsar aquellos gastos por concepto de traslados asociados a su reclamación ante la COMERE. Es del caso recordar el Libro III. Título V. letra F. N° 4, del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de esta Superintendencia, en relación con las Instancias de reclamo y/o apelación, que señala que «Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones presentadas ante la COMERE y la Superintendencia de Seguridad Social, serán de cargo del organismo administrador o de la respectiva empresa con administración delegada.» En la misma línea de razonamiento, cabe precisar que la norma recién aludida debe estar en concordancia con las disposiciones contempladas en la letra f) del artículo 29 de la ley 16.744, que prescribe «Los gastos de traslado y otros necesarios, serán procedentes sólo en el caso que la víctima se halle impedida de valerse por sí misma o deba efectuarlos por prescripción médica, certificada y autorizada una y otra circunstancia por el médico tratante. Los medios de traslado deberán ser adecuados a la condición de salud del trabajador.». En el caso de la trabajadora, y atendiendo a los diagnósticos por los que aquella fue evaluada, estimamos que no resulta pertinente destinar recursos del seguro social de la Ley 16.744, para reembolsar los gastos objeto de esta presentación, toda vez que la afección que la interesada padece no le impide valerse por sí misma y por ende, para efectuar el traslado entre su domicilio y la referida Comision.
Que conforme al artículo 92 del D.S. N°101 citado en Vistos, «Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones presentadas ante la COMERE o la Superintendencia de Seguridad serán de cargo del organismo administrador o de la respectiva empresa con administración delegada».
Que dicha norma reglamentaria no está condicionada en los términos del artículo 49 del mismo Reglamento.
Teniendo Presente:
Se acoge la reclamación de la interesada, por lo que esta Superintendencia instruye a ese organismo administrador de la Ley N° 16.744 a reembolsar a la trabajadora los gastos que acredite haber incurrido con motivo de resolver su reclamación ante la COMERE ello, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos, al tenor de lo establecido por el Compendio aludido en VISTO, en su Letra C, Título V, Libro IX.
Contra la presente resolución podrá recurrirse de reposición ante esta Superintendencia, aportando nuevos antecedentes, dentro del plazo de cinco días hábiles, conforme a lo establecido en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880.

Dictamen O-01-S-00697-2024

1. Mediante el Oficio Ordinario individualizado en Antecedentes, la Superintendencia de Pensiones ha remitido a este Organismo, la presentación efectuada por la AFP , quien, en síntesis, solicita que se dictamine e instruya respecto de si los beneficiarios de Pensión Garantizada Universal (PGU) pueden ser beneficiarios de Asignación Familiar por su cónyuge como causante, dándole así certeza tanto a las entidades pagadoras como a los pensionados. Indica la referida AFP en su presentación que, en su opinión de buena fe, se debería implementar la interpretación más favorable para los afiliados y pensionados, lo que implicaría continuar pagando la asignación familiar, analogando, para estos efectos, la actual situación con la que resultó aplicable respecto de los beneficiarios de Aporte Previsional Solidario (APS). A su vez, se han recepcionado consultas en similares términos, efectuadas por la Compañía de Seguros y el Instituto de Previsión Social (IPS), ante el requerimiento que le efectuara la AFP.
2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con señalar, en primer término, que el artículo 2° letra a) de la Ley N°16.395, que fija el texto refundido de su ley de organización, dispone que una de las funciones de este Organismo es fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.
Por su parte, el D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los trabajadores de los sectores privado y público, preceptúa en su artículo 26 que corresponderá a esta Superintendencia la administración financiera del Fondo; la formulación y ejecución del Presupuesto y el Programa; el control del desarrollo y la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el mencionado Sistema. En el ejercicio de sus facultades este Organismo podrá dictar normas e instrucciones que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades encargadas de la administración del Sistema o del otorgamiento y pago de sus beneficios.
En relación con la incompatibilidad entre PGU y Asignación Familiar, cabe señalar que el artículo 24 de la Ley N°21.419 establece que las personas que gocen de PGU no causarán asignación familiar. No obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones Familiares.
Como puede observarse, la segunda parte del precepto citado no hace extensiva la condición de beneficiario de asignación familiar, respecto de cónyuges y ascendientes, lo que permite inferir que todo causante distinto del descendiente no puede ser invocado como tal por un titular de PGU.
Ahora bien, debe tenerse en consideración que la actual PGU, vino a reemplazar los beneficios previsionales denominados Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) y Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) contemplados en la Ley N° 20.255.
En este contexto, el artículo 26 de la Ley N° 20.255, que rigió hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 21.419, disponía que «Las personas que gocen de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones Familiares».
En atención a lo anterior, esta Superintendencia, mediante Oficio N° 5758, de 2017, resolvió que, dado que las incompatibilidades son de derecho estricto, esto es, que tienen interpretación restrictiva y atendido que se trata de normas de derecho público, se concluye que el legislador no estableció norma de incompatibilidad entre la calidad de causante de asignación familiar y el aporte previsional solidario, sea de vejez o de invalidez.
Siguiendo ese mismo orden de ideas, es posible afirmar que, en atención a que la norma que regulaba el Aporte Previsional Solidario no contemplaba una restricción en relación a la calidad de titular de APS y la posibilidad de ser beneficiario de Asignación Familiar respecto de un causante cónyuge, resultó procedente que, durante la vigencia del referido APS, sus titulares pudieran reconocer como causantes de asignación familiar a sus respectivos cónyuges.
A su vez, resulta necesario señalar que el artículo 9 del Código Civil señala que la ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo.
De esta manera, todos aquellos reconocimientos como causantes de Asignación Familiar, efectuados por beneficiarios titulares de APS, respecto de su cónyuge, no pudieron verse afectados por la modificación establecida en la Ley N°21.419, puesto que el respectivo derecho fue válidamente adquirido durante la vigencia de la normativa contenida en la Ley N°20.255, que no impedía dicho reconocimiento.
Así, el titular del Aporte Previsional Solidario que, con posterioridad, accedió al beneficio de la PGU podrá mantener a su cónyuge como causante de asignación familiar, siempre que este último siga cumpliendo con los requisitos que le permitieron ser invocados inicialmente.
Por lo anterior, corresponde que en todos aquellos casos en que se verifique la condición descrita en el párrafo anterior, y se haya suspendido el pago del beneficio de la asignación familiar, éste deberá ser reestablecido y pagar los montos retroactivos que correspondan. Si, por su parte, la entidad administradora hubiese extinguido el reconocimiento en el SIAGF, se deberán realizar las gestiones tendientes a su regularización.
3. En consecuencia, se instruye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a las Compañías de Seguro, que deben proceder de acuerdo con las instrucciones contenidas en el presente oficio, regularizando a la brevedad las extinciones o suspensiones que se hubieren efectuado respecto de los beneficiarios descritos precedentemente.

ResoluciÃ³n NÂ° 43 del 04-03-2024 : APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE INTERCAMBIO…

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Fuente: Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios….

ORD. N°84/4

«1-. La regla general en materia de jornada laboral debe ser su formalización por la cantidad de horas pactadas contractualmente y, en consecuencia, la utilización de sistemas de registro y control de asistencia y horas de trabajo.nn2-. A partir de la entrada en vigor del artículo 33 del Código del ramo, esto es, a partir del día 26.04.2024, los sistemas electrónicos de registro y control de asistencia y horas de trabajo deberán ajustar sus características y procesos a las condiciones que fije este Servicio mediante una resolución.n3-. La sola circunstancia de prestar servicios fuera del local, establecimiento o faena de la empresa, inclusive en otra región del país, no constituye un obstáculo para controlar la asistencia y horas de trabajo de un dependiente y, en general, para ejercer una fiscalización superior inmediata a través de medios electrónicos.nn4-. Las causales de exclusión de limitación de jornada, atendida su naturaleza excepcional, deben ser interpretadas restrictivamente y de acuerdo con el principio de la primacía de la realidad.n5-. Cuando se requiera la opinión de las y los Inspectores del Trabajo, respecto de la aplicación de alguna de las situaciones descritas en el inciso 2° del artículo 22 del Código del ramo, la o las partes que soliciten dicha intervención deberán respaldar sus aseveraciones con antecedentes que den fe de sus argumentos, no bastando las meras solicitudes, declaraciones o acuerdos estampados documentalmente, considerando la aplicación del principio de primacía de la realidad.»

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Dictamen 49876-2024

Visto:
La Ley N°16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda que, fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y las Resoluciones N°s. 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, con fecha 28-02-2023, ha recurrido a esta Superintendencia ISAPRE solicitando la revisión y pronunciamiento de esta Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 19.880 de Bases de Los Procedimientos Administrativo, artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y al artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de Chile, de lo dictado por la COMPIN, en su Resolución Exenta de 23-02-2023, a través de la cual le ordena la autorización de la licencia N° 55, con reposo por 21 días, a contar del 05-02-2023, otorgada a la interesada.
Que, la Isapre recurrente señala que rechazó la licencia en cuestión, debido a que ésta no fue tramitada por el empleador , por el motivo «Trabajador sector público con feriado legal». Agrega que efectuada la consulta al empleador señala que la funcionaria se encuentra haciendo uso de feriado legal por cierre de Jardín y en su caso opera la suspensión de feriado para el personal de jardines infantiles en virtud del dictamen N°E132335 de 2021.
Que, por tanto argumenta esa ISAPRE, que no corresponde la tramitación de una licencia que ha sido rechazada por el empleador contra quien se emite.
Que, al respecto, cabe precisar que la Contraloría General de la República ha expresado en su jurisprudencia que de acuerdo con los artículos 111 del Estatuto Administrativo y 110 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso, período en el cual el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones.
Que, en este contexto, dicho Organismo Fiscalizador ha expresado en el dictamen N° E378921, de 9 de agosto de 2023, que si bien, tanto las licencias médicas como el feriado liberan al personal de la obligación de cumplir sus labores, permitiéndoles conservar el goce de sus remuneraciones, aquellos derechos se diferencian tanto en las condiciones que los hacen procedentes como en la finalidad que persiguen, puesto que en el caso del feriado su objeto es otorgar un período de descanso, recreación o distracción remunerado para que la persona funcionaria se recupere del desgaste que ha sufrido como consecuencia del trabajo durante un año de labores, debiendo añadirse que, en tal lapso, y si así lo decide la persona en función de ese descanso, puede esta desplazarse a otras localidades; en cambio, la licencia médica tiene como causa la ocurrencia de un accidente o enfermedad, y su finalidad es conferir al afectado el derecho a reposo remunerado -usualmente intradomiciliario- para el restablecimiento de su salud, constituyendo este beneficio una de las prestaciones propias de la seguridad social.
Que, por tanto, concluye que, dado que el feriado y las licencias se otorgan por causas disímiles y atendiendo a finalidades diferentes, es dable colegir que si durante el goce de su feriado le sobreviene al personal una enfermedad o accidente que le confiera derecho a licencia médica, debe entenderse que el feriado no cumplirá el objetivo de descanso, recreación o distracción, dado que aquel debe destinar dicho tiempo al restablecimiento de su salud. Por ello, procederá la suspensión del feriado de una persona funcionaria si durante su goce le sobreviene una enfermedad o accidente que le confiera derecho a licencia médica, sin que corresponda a la autoridad calificar las causas o la magnitud de la afectación de su salud para dar lugar a la referida suspensión.
Que, por otra parte, el dictamen N° E132335, de 23-07-2021, citado por el empleador, señala que tratándose de los funcionarios que se desempeñan en servicios que dejan de funcionar por un lapso superior a 20 días cada año, y que se encuentren gozando de licencia médica o maternal antes de que se suspendan las actividades del servicio, conservan su derecho a feriado, pudiendo impetrar el beneficio con posterioridad a la expiración de la licencia.
Que, la misma jurisprudencia ha precisado que si dicha licencia termina en una fecha anterior a la reanudación de labores, el feriado debe computarse desde el día siguiente a esta data ininterrumpidamente hasta completar los días que correspondan. Ahora bien, si aquélla se extiende más allá del reinicio de las actividades del servicio, le asiste al funcionario el derecho a gozar de los días de descanso conforme a sus años de servicios, según las reglas generales sobre la materia, antes reseñadas.
Que, a su vez, en el caso que una licencia médica o descanso por maternidad se inicie una vez que el respectivo servicio haya comenzado su receso, el funcionario o la servidora de que se trate tendrá derecho a gozar con posterioridad aquellos días de feriado que, según sus años de servicios, le corresponda y que no hayan quedado comprendidos dentro del receso del que alcanzó a gozar.
Que, conforme a los antecedentes referidos por ISAPRE, se advierte que el establecimiento en que sirve la interesada entró en receso por todo el mes de febrero de 2023, y que a contar del 05-02-2023 comenzó a hacer uso de licencia médica hasta el 25-02-2023, lo que conforme a la jurisprudencia mencionada implica la suspensión del feriado por parte del empleador, y en consecuencia, la autorización de la licencia por parte de la entidad aseguradora de salud.
Que, en virtud de lo expuesto procede confirmar lo resuelto por la COMPIN, que le ordena la autorización de la licencia N° 55.
Teniendo Presente:
Recházase la reclamación de ISAPRE y se confirma lo instruido por la COMPIN, en su Resolución Exenta de 23-02-2023, que le ordena la autorización de la licencia N° 55.
Se deja constancia que, en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indicado en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880.