Práctica Jurídica

Dictamen 57398-2024

Visto:
La Ley N° 16.395, que Fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; la Ley N° 10.662, que Crea la Sección que Indica en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional; el artículo 3° de la Ley N° 20.545, que establece un subsidio maternal para mujeres cesantes y la Resolución N° 6, de 2019, de la Contraloría General de la República que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
Considerando:
Que, ha recurrido a esta Superintendencia, la trabajadora portuaria eventual, solicitando la Reconsideración de la Resolución Exenta de 22 de enero de 2024, que confirmó el rechazo de sus licencias médicas de descanso Pre y Postnatal por 42 y 84 días, respectivamente, desde el 18/08/2023 al 18/12/2023), por cuanto habiendo sido su último turno para la empresa, el 10 de marzo de 2023, al 18 de agosto de 2023, fecha de inicio de su licencia médica de prenatal, ya había transcurrido el denominado período de cesantía involuntaria.
Que, la interesada solicita se aplique a su caso el derecho establecido en el artículo 3° de la Ley N° 20.545.
Que, se debe señalar que el artículo 18 A) de la Ley N° 10.662, dispone que tratándose de los trabajadores portuarios eventuales y de los trabajadores embarcados o gente de mar, pueden presentar licencia médica, aunque estén cesantes, si ella se inicia dentro del denominado período de cesantía involuntaria. Se encuentran en cesantía involuntaria los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales durante el lapso que medie entre uno y otro viaje y entre el término de una jornada o turno y la iniciación de la siguiente faena, según sea el caso, por el período máximo de tres meses calendario contado desde su salida del empleo. Por tanto, un trabajador o trabajadora que sea portuario eventual o embarcado o gente de mar, aunque esté cesante, puede presentar licencia médica que se inicien dentro del periodo de cesantía involuntaria, es decir, que comiencen dentro de los tres meses calendario siguientes al término del último turno o viaje. Este Organismo ha señalado que, iniciada la licencia médica dentro del denominado período de cesantía involuntaria, pueden seguir haciendo uso, más allá de los tres meses calendario, en la medida que sean licencias médicas continuadas, es decir, otorgadas sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico o cuadro clínico.
Que, respecto de los derechos de protección a la maternidad de las trabajadoras portuarias o embarcadas o gente de mar, que inicien licencias de este tipo, dentro de los tres meses calendario siguientes al termino del último turno o viaje, podrán seguir haciendo uso de licencias pasados los referidos tres meses en la medida que las licencias médicas de protección a la maternidad sean continuadas. Por ejemplo, dentro del período de cesantía involuntaria puede comenzar con una licencia médica maternal suplementaria, como síntomas de aborto, o síntomas de parto prematuro y aunque dichos tres meses calendario hayan transcurrido, puede seguir haciendo uso de licencias médicas de descanso pre y postnatal, permiso postnatal parental, ya que, si bien esta última no requiere de emisión de licencia médica, es un derecho que emana de haber hecho uso de descanso postnatal.
Que, en síntesis, iniciada una licencia médica de protección a la maternidad dentro del período de cesantía involuntaria, cuando éste termine, se podrá en forma continuada hacer uso de otros derechos de protección a la maternidad.
Que, en cambio, si la primera licencia médica de protección a la maternidad se inicia cuando ya ha terminado el denominado período de cesantía involuntaria o habiéndose iniciado dentro de dicho período las licencias se interrumpen y se emite otra licencia ya transcurridos los tres meses calendario siguientes al último turno o viaje, la trabajadora no podrá hacer uso de dichos beneficios de conformidad al artículo 18 A) de la Ley N° 10.662.
Que, ahora bien, tratándose de licencias médicas maternales, debe analizarse si resulta procedente que quienes no quedan cubiertas por el artículo 18 A) de la Ley N° 10.662, puedan acogerse a otras normas que en nuestra legislación protegen la maternidad, por la naturaleza de las mismas.
Que, el artículo 3° de la Ley N° 20.545, creó un subsidio especial en beneficio de las mujeres que trabajan por obra, faena o a plazo fijo que a la sexta semana anterior al parto, no tengan un contrato de trabajo vigente, que se otorgará hasta por un máximo de treinta semanas y
comenzará a devengarse a partir de la sexta semana anterior al parto, si se cumplen los requisitos copulativos siguientes:
a) Registrar doce o más meses de afiliación, con anterioridad al inicio del embarazo.
b) Registrar ocho o más cotizaciones, continuas o discontinuas, en calidad de trabajadora
dependiente, dentro de los últimos veinticuatro meses calendario inmediatamente anteriores al
inicio del embarazo.
c) Que la última cotización más cercana al mes anterior al embarazo se haya registrado en
virtud de cualquier tipo de contrato de trabajo a plazo fijo, o por obra, servicio o faena
determinada.
Que, en el caso de las trabajadoras portuarias eventuales, su contratación es por turno diario y en el caso de las trabajadoras embarcadas o gente de mar, la contratación es por viaje, pudiendo ambas situaciones asimilarse a lo exigido en el referido artículo 3° que establece este beneficio para las mujeres que trabajan por obra, faena o a plazo fijo. En efecto, lo que el legislador pretendió con esta norma, es otorgar cobertura de subsidios de maternidad de hasta 30 semanas a las mujeres con contratos de trabajo precarios, resultando por tanto aplicable a las trabajadoras portuarias eventuales y a las embarcadas o gente de mar, cuando ya no están cubiertas con el beneficio del artículo 18 A) de la Ley N° 10.662, y que cumplan los requisitos exigidos por el referido artículo 3° de la Ley N° 20.545, que como ya se señaló son registrar doce o más meses de afiliación, con anterioridad al inicio del embarazo; tener ocho o más cotizaciones, continuas o discontinuas, en calidad de trabajadora dependiente, dentro de los últimos veinticuatro meses calendario inmediatamente anteriores al inicio del embarazo y que la última cotización más cercana al mes anterior al embarazo se haya registrado en virtud de cualquier tipo de contrato de trabajo a plazo fijo, o por obra, servicio o faena determinada (en este caso, por asimilación, turno o viaje).
Que, la interesada, hizo uso de licencia médica de descanso prenatal a contar del 18 de agosto de 2023, por lo que el inicio del embarazo debió ser en el mes de enero de 2023 y conforme al certificado de cotizaciones de FONASA tenido a la vista, que se adjunta, la interesada reúne más de doce meses de afiliación, con anterioridad al inicio del embarazo y tiene ocho o más cotizaciones, continuas o discontinuas, en calidad de trabajadora dependiente, dentro de los últimos veinticuatro meses calendario inmediatamente anteriores al inicio del embarazo y respecto del tercer requisito, se debe señalar que el empleador que aparece en el periodo previo a la fecha de embarazo esla empresa que se individualiza, para quien se desempeñaba como portuaria eventual por turnos.
Teniendo Presente:
Dejase sin efecto la Resolución Exenta de 22 de enero de 2024, e instruyese a la Subcomisión Valparaíso, otorgar a la interesada , el beneficio establecido en el artículo 3° de la Ley 20.545, a contar del 18 de agosto de 2023.

Dictamen 56226-2024

Visto:
La Ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Ley N° 17.322; la Circular N° 2.511, de 2009, de esta Superintendencia y las Resoluciones N°s. 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, el 2 de enero de 2024, el interesado recurrió a esta Superintendencia consultando si se puede reconocer a un causante de asignación familiar de 2016. Expresa que la entidad administradora le ha cobrado diferencias de asignación familiar del año 2016 sin el documento de autorización de reconocimiento de la cónyuge y su hija. Agregó que la entidad administradora también le cobra por otro trabajador que tuvo licencia médica desde enero de 2016 a abril de 2017 y ya no trabaja en la empresa.
Que, el interesado acompaña los antecedentes de dos trabajadoras .
Que, conforme al inciso primero del artículo 28 del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los empleadores pagarán a sus trabajadores dependientes, las asignaciones familiares y maternales una vez al mes, junto con el correspondiente pago de las remuneraciones y previo el reconocimiento de las cargas y la autorización de pago efectuada por la respectiva entidad administradora.
Que, por su parte, el inciso primero del artículo 30 del D.F.L. N° 150, dispone que los empleadores que paguen asignaciones familiares y maternales a sus trabajadores, deducirán el monto pagado por este concepto, de las cotizaciones que deben enterar en las instituciones de previsión.
Que, el 26 de marzo de 2024, el Instituto de Previsión Social comunicó que revisó el cálculo de la deuda, concluyendo que se encuentra correctamente determinada.
Que, conforme al artículo 31 bis de la Ley N° 17.322, la prescripción que extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones de seguridad social, multas, reajustes e intereses es de cinco años y se cuenta desde el término de los respectivos servicios.
Que, la Circular N° 2.511, de 2009, de esta Superintendencia, en su numeral 4.2.3. «Prescripción del derecho al cobro de las asignaciones» establece que el derecho a reconocer una asignación familiar o maternal es imprescriptible, sin perjuicio que pueda prescribir el derecho al cobro del pago respectivo.
Que, por lo señalado, es posible reconocer a un causante de asignación familiar en forma retroactiva sin límite de tiempo, pero la acción del trabajador para cobrar el pago del beneficio, si tuviere derecho a él, prescribe en cinco años, conforme a los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.
Que, en el punto 4.1.6 «Trabajadores en goce de subsidio por incapacidad laboral», de la Circular N° 2.511, de 2009, se señala que en uso de las facultades que le confiere el artículo 33 del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, esta Superintendencia dispuso, por Circular N° 1065, que las asignaciones familiares de los trabajadores dependientes en goce de subsidio por incapacidad laboral, deben ser pagadas por el empleador. En efecto, la citada Circular N° 1065, de 1988, señala en el punto 2 que «se entenderá por subsidios por incapacidad laboral tanto los contemplados en el D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social como los subsidios por incapacidad temporal establecidos en el artículo 30 de la Ley N°16.744″.
Que, por lo anterior, en los periodos en que un trabajador se encuentra con licencia médica, la asignación familiar debe pagarse por el empleador, aunque no pague remuneraciones.
Que, la entidad administradora no ha acompañado antecedentes sobre los trabajadores por los que cobra la deuda previsional.
Teniendo Presente:
Instrúyese a la entidad administradora informar por escrito al empleador por cada periodo mensual, cuál fue el error que habría cometido al compensar la asignación familiar, indicando el monto y el origen de la diferencia, individualizando a cada trabajador. Lo anterior, sin perjuicio de remitir copia de la resolución de autorización de reconocimiento de cada beneficiario.
Con dicha información, el reclamante podrá revisar en qué consiste la deuda previsional que se le cobra por la entidad administradora y ejercer ante los tribunales de justicia las acciones que le correspondan.

Dictamen 61404-2024

Visto:
La Ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el artículo 35 de la Ley N° 20.255, que estableció un subsidio para las personas con discapacidad mental, física o sensorial severa y que sean menores de 18 años de edad; el D.S. N° 54, de 7 de septiembre de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Circular N° 3.692, de 7 de septiembre de 2022, de esta Superintendencia y las Resoluciones N°s. 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, el 8 de marzo de 2024, la interesada ha recurrido a esta Superintendencia porque solicitó el otorgamiento del subsidio por discapacidad mental, física o sensorial severa para su hijo, pero fue rechazado.
Que, el artículo 35 de la Ley N° 20.255 estableció el subsidio para las personas con discapacidad mental, física o sensorial severa. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo efecto se entenderán vigentes.
Que, por su parte, la Circular N° 3.692, de 7 de septiembre de 2022, de esta Superintendencia dispone en el numeral V. CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD lo siguiente:
a) Certificación de la discapacidad mental: Respecto de las personas con discapacidad mental a que se refiere el artículo 2° de la Ley N°18.600, que requieran solicitar el subsidio, para efectos de su acreditación y certificación, se les aplicará el procedimiento contenido en el D.S. N°48, de 1993, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en todo aquello que no se encuentre especialmente regulado en el D.S. N°54, de 22 de julio de 2022.
b) Certificación de la discapacidad física o sensorial severa: Para la acreditación de la condición de salud que implique una discapacidad física o sensorial severa, serán aplicables las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.422, en el decreto supremo N°47, de 2013, del Ministerio de Salud y en el Título II, del DS N°54, de 22 de junio 2022, que aprueba el reglamento del subsidio para personas con discapacidad mental y física o sensorial severa, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Corresponderá exclusivamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en cuyo territorio se encuentre el domicilio del beneficiario, certificar la discapacidad física o sensorial severa.
Que, para los efectos del subsidio por discapacidad mental se debe utilizar el concepto de invalidez contenido en el artículo 2° de la Ley N° 18.600, que establece lo siguiente:
»Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.
Se entiende disminuida en un tercio la capacidad educativa, laboral o de integración social de la persona cuando, considerando en conjunto su rendimiento en las áreas intelectual, emocional, conductual y relacional, se estime que dicha capacidad es igual o inferior al setenta por ciento de lo esperado para una persona de igual edad y condición social y cultural, medido por un instrumento validado por la Organización Mundial de la Salud y administrado individualmente».
Que, para los efectos del subsidio por discapacidad física o sensorial, el D.S. N° 54, de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dispone en su título segundo artículo 5 que se considera persona con discapacidad física sensorial a aquella a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.422 y su reglamento correspondiente. La persona con discapacidad física o sensorial severa es aquella que presenta entre 50% y 94% de restricciones en la participación o limitaciones en las actividades propias de su edad a causa de sus condiciones de salud. Para efectos de este reglamento, la discapacidad severa comprenderá también la discapacidad profunda, que es aquella que presenta entre 95% y 100% de restricciones en la participación o limitaciones en las actividades propias de su edad, en los términos a que se refiere el reglamento del artículo 14 de la ley N°20.422. La calificación de la discapacidad física o sensorial severa se regirá por lo dispuesto en el artículo 3° del presente reglamento.
Que, la recurrente ha acompañado copia de la credencial de discapacidad que indica que su hijo tiene un 39,3% de discapacidad.
Que, el artículo 26 del D.S. N° 54, de 7 de septiembre de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dispone que los beneficiarios del subsidio a que se refiere este reglamento podrán ser beneficiarios de asignación familiar respecto de sus descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones Familiares. Sin embargo, no podrán ser invocados como causantes de asignación familiar ni de subsidio familiar. Asimismo, perderán su calidad de causantes del referido beneficio, aquellos que pasen a ser beneficiarios del subsidio.
Que, la COMPIN comunicó que la certificación de discapacidad fue aprobada por la Comisión de Evaluación.
Que, entre los antecedentes no se dispone de una resolución del Instituto de Previsión Social sobre la solicitud de la recurrente.
Teniendo Presente:
Instrúyese al Instituto de Previsión Social que revise la solicitud de la interesada , remitiendo a la recurrente la resolución que se pronunció sobre su solicitud de otorgamiento del subsidio por discapacidad mental, física o sensorial severa y explicándole la razón por la que no tiene derecho al beneficio, si correspondiere.

Dictamen 60076-2024

Visto:
La Ley N° 16.395, que fija la organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece normas comunes para subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado; el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, sobre reforma previsional, el Decreto Supremo (DS) N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
Que la Isapre ha recurrido ante esta Superintendencia solicitando se revise lo dictaminado por la Compin, última Entidad que resolvió que procedía autorizar 7 licencias médicas, que prescribieron reposo -continuado- a contar del 30 de junio de 2021, al interesado , licencias rechazadas inicialmente por la Isapre.
Que la Institución recurrente señala:
»Al respecto, se informa que, el afiliado inició vigencia en Isapre el día 01/11/2021, con FUN-1 y Contrato firmado el 13/04/2021. El interesado, si bien firmó FUN-1, el 13/04/2021, lo que le da inicio de vigencia en la Isapre desde el primer día del mes subsiguiente, en este caso el 01/06/23, pero como ha estado haciendo uso de Licencias médicas continuas, tal como se indica en la Sección C4, de la licencia apelada N° 78; así como también se demuestra uso de licencias médicas continuas en LM de referencia N° 16; Sección C4; se ha ido prorrogando la fecha de inicio de contrato en nuestra Institución».
»Por tanto, de acuerdo a los antecedentes expuestos, periodo de reposo en licencias médicas en comento, es anterior al inicio de vigencia en ISAPRE. Se procedió a la devolución de la Licencia médica, por ser continua a otras licencias médicas, la cual debe presentar en Isapre anterior, prorrogando Contrato en ISAPRE anterior; quien debe hacerse cargo de dicho reposo; hasta el 31/10/2021″.
Que esta Superintendencia manifiesta que, conforme establece -en lo pertinente- el artículo 197 del DFL N° 1 (consignado en VISTO), en el evento que al día del término del contrato por desahucio el cotizante esté en situación de incapacidad laboral, el contrato se extenderá de pleno derecho hasta el último día del mes en que finalice la incapacidad y mientras no se declare la invalidez del cotizante.
Que es relevante agregar que la Circular N° 3699 / 2022, de esta Superintendencia, numeral 3, letra c), establece que en aquellos casos en que han terminado las licencias médicas continuadas, pero aún hay días del mes en que el contrato de salud se prorrogó y el afiliado presenta nuevamente una licencia médica, sea por el mismo u otro diagnóstico, se deberá entender que existe un nuevo período de incapacidad laboral, el que comienza cuando aún el contrato está vigente y se mantiene hasta término de las licencias que se otorguen sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico o cuadro clínico.
Que, revisados los antecedentes aportados al expediente, se observa que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas es continuado -y por el mismo cuadro clínico- respecto al iniciado el 31 de mayo de 2021, por 15 días, a través de una licencia médica previa, N° 46, esto es, mientras aún se encontraba vigente la afiliación del paciente a la anterior Entidad de salud, la Isapre, puesto que operó la prórroga del contrato de salud, conforme a lo establecido en la normativa antes referida, última Isapre que debe otorgar cobertura a las licencias reclamadas.
Teniendo Presente:
Por lo expuesto, esta Superintendencia instruye a la mencionada Compin para que modifique la Resolución Exenta recurrida en los términos previamente explicados, instruyendo a su vez a la Isapreanterior, otorgar cobertura a las licencias médicas reclamadas.
Contra la presente resolución podrá recurrirse de reposición ante esta Superintendencia, aportando nuevos antecedentes, dentro del plazo de cinco días hábiles, conforme a lo establecido en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880.

Tablas para el cálculo de los intereses penales y de los reajustes del artículo 22 de la Ley N°17.322 para ser aplicados en el mes de MAYO de 2024.

Esta Superintendencia ha elaborado las tablas (Tablas Nº 1, Nº 2, N° 3 y Nº 4) a ser utilizadas en el mes de abril de 2024 para calcular los intereses penales y reajustes que deben aplicarse a las cotizaciones que se paguen fuera del plazo legal, las que se remiten en esta oportunidad. Cabe señalar que mediante Circular N° 2.491 de 2008, esta Superintendencia impartió las instrucciones para la aplicación de la Ley N° 20.288, que modificó el artículo 22 de la Ley N°17.322. 1.- INTERESES Y REAJUSTES
<h2 class=»»>Tablas N° 1 y 2</h2>
Estas tablas comprenden los intereses penales aplicables a las cotizaciones adeudadas de remuneraciones devengadas con anterioridad a marzo de 2006; por tanto, continúan con un recargo del interés de 20%. Se hace presente que la Tabla Nº1 contiene los intereses penales a aplicar a deudas de cotizaciones correspondientes a remuneraciones anteriores a enero de 1994, sin considerar capitalización mensual de intereses devengados. Por su parte, la Tabla N° 2, que contiene los intereses penales a aplicar a deudas de cotizaciones correspondientes a remuneraciones devengadas desde enero de 1994 hasta febrero de 2006, considera la capitalización mensual de los intereses devengados.
<h2 class=»»>Tabla N° 3</h2>
Esta tabla contiene los intereses penales a aplicar a las cotizaciones adeudadas correspondientes a remuneraciones devengadas desde marzo de 2006, intereses que contienen un recargo de 50% de acuerdo con la modificación introducida al artículo 22 de la Ley Nº17.322 por el artículo 1° de la Ley N° 20.023. Cabe agregar que la Tabla N° 3 considera la capitalización mensual de los intereses devengados y, de acuerdo con lo instruido en el punto 1.- de la Circular Nº1.326, de 25 de enero de 1994, de esta Superintendencia, la primera capitalización de los intereses penales se efectúa el día 1º del mes subsiguiente a aquel en que se genera la deuda.
Con el fin de aclarar lo expuesto, cabe precisar el caso de un empleador que pague cotizaciones previsionales adeudadas provenientes de remuneraciones devengadas antes y después del 1° de marzo de 2006. En este caso, el interés penal a aplicarse a las cotizaciones pagadas con retraso, originadas en remuneraciones devengadas con anterioridad a marzo de 2006 se recargará en un 20%, razón por la cual, serán aplicables las Tablas N°s 1 y 2, dependiendo de la antigüedad de ellas, en tanto que el interés de las cotizaciones adeudadas originadas por remuneraciones posteriores a marzo de 2006, se recargará en un 50%, debiendo aplicarse la Tabla N° 3.
<h2 class=»»>Tabla N° 4</h2>
Esta tabla contiene los reajustes a aplicar a las cotizaciones adeudadas. Se hace presente que los porcentajes contenidos en las Tablas Nº 1, 2 y 3, deben aplicarse sobre la deuda previamente reajustada de acuerdo con los porcentajes señalados en la Tabla Nº4.
<h2 class=»»>MULTAS</h2>
Conforme al N° 22 letra a) del artículo 1° de la Ley N° 20.023, que modificó el artículo 22 a) de la citada Ley N°17.322, se eleva de 0,5 a 0,75 unidades de fomento por cada trabajador, la multa en los casos en que el empleador no declare oportunamente las cotizaciones correspondientes a remuneraciones que se hayan devengado a contar del mes de marzo de 2006 o que la declaración de éstas sea incompleta o errónea. Las multas que deban aplicarse a cotizaciones correspondientes a remuneraciones devengadas en meses anteriores a marzo de 2006, se sujetarán a la legislación vigente en la época de que se trate y a las instrucciones que hubiere impartido esta Superintendencia. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº18.379, se presumirá la buena fe y no procederá aplicar la multa del artículo 22 a) de la Ley Nº 17.322 en caso que el empleador incurriere en errores u omisiones que no excedan del 2% del monto correcto de la respectiva declaración. No se aplicará lo anterior si se incurriere en reiteración dentro del plazo de un año. De igual forma, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 a) de la Ley N° 17.322, tampoco procederá aplicar la multa si el pago de las cotizaciones declaradas en forma errónea, pero no maliciosa, se efectúa dentro del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones. Cabe agregar que la Ley N° 20.023 no modificó las multas a aplicar en el caso de cotizaciones correspondientes a trabajadores de casa particular, por tanto, continuarán aplicándose a su respecto las normas vigentes con anterioridad a dicha ley. De esta forma, aun cuando éstas no hubiesen sido 3 declaradas, si se pagan dentro del mes siguiente a aquel en que se devengan las remuneraciones, no procederá la aplicación de multa. A su vez, ésta será sólo de 0,2 UF si las cotizaciones se pagan dentro del mes subsiguiente y de 0,5 UF si el pago se efectúa de esta fecha en adelante.

Minsal realiza operativo de vacunación en alianza con mutualidades. Jornada de vacunación

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La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, y representantes de las distintas mutualidades del país visitaron un operativo de vacunación realizado en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, con el objetivo de proteger a quienes trabajan en este sector de Santiago.
Esta actividad es parte de la alianza de colaboración que permite acercar la vacunación de Influenza y COVID-19 a trabajadores y trabajadoras. El Ministerio de Salud desarrolla estas campañas de vacunación, donde uno de los aliados clave son los Organismos Administradores (OAL) y Administración Delegada (AD) de la Ley 16.744, es decir las mutualidades, quienes se suman a la campaña de vacunación de invierno.
«Con este convenio acercamos la vacunación a la población trabajadora que pertenece a los grupos objetivos de las campañas y que están afiliadas a los Organismos Administradores de la Ley o de Administración Delegada. Lo que queremos es hacerle más fácil a las personas poder tomar las medidas de autocuidado para protegerse para el invierno».
Durante la instancia, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, enfatizó en hacer «un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras del país a que se vacunen contra la influenza y el Covid-19. En particular, queremos informar que todas las personas mayores de 60 años, personal que trabaje en salud o en la educación parvularia y básica, así como embarazadas y personas que tengan alguna enfermedad crónica tienen un permiso laboral de medio día para irse a vacunar, el cual se debe pedir con dos días de anticipación a sus empleadores».
Así mismo, la autoridad de Gobierno subrayó que «el llamado es también a los empleadores para que den estas facilidades y, en caso contrario, no se expongan a multas por parte de la Dirección del Trabajo».
En tanto, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, junto con agradecer la presencia de los representantes de las mutualidades, agregó que «estamos en este operativo de vacunación que es parte de la labor de prevención de los organismos administradores de esta ley, estamos haciendo un llamado a las y los trabajadores a acercarse a los centros de vacunación, así como a las mutualidades para que se acerquen a las empresas».
Por su parte, la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, expresó que «este operativo es una alianza virtuosa entre las mutualidades, el Estado y las empresas en post del bienestar de los trabajadores y que tiene por objetivo cuidar la salud de las y los trabajadores lo que, además, trae como consecuencia un menor ausentismo impactando positivamente en la productividad de las organizaciones y a la larga del país. Este tipo de colaboraciones que funcionaron tan bien en la pandemia por COVID-19 se deben mantener como medidas preventivas que tienen por objetivo el bienestar de la población».
En esta oportunidad, trabajaron en el operativo la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral, junto al departamento de Salud Municipal de Huechuraba.
Este trabajo con las mutualidades permite mejorar el acceso de los trabajadores a la inmunización en sus centros de trabajo. Al igual que el de personas no involucradas en el mundo laboral, que al ser población objetivo son inmunizadas por estos organismos, potenciando la sensibilización de la campaña de vacunación en las empresas.
«Como municipio estamos muy contentos de ser parte de este tipo de iniciativas, porque nos permite reforzar el llamado a nuestros vecinos que estén dentro de los grupos objetivos a que se vacunen. Tenemos una estrategia de vacunación que ha sido exitosa, con altos niveles de cobertura, y eso se explica tanto por el trabajo que realizan nuestros equipos profesionales en los centros de salud y en los operativos que desarrollamos en terreno, como por el compromiso solidario y la responsabilidad de nuestros vecinos con su comunidad», dijo Sergio Flores, director de Salud de la Municipalidad de Huechuraba.
A un mes de iniciada la campaña contra la Influenza en el país ya se contabiliza más de 2,9 millones de vacunas administradas, con coberturas de más de 35% en crónicos, 31% en personas mayores de 60 años y 31% en el total de los grupos objetivos.
Los grupos que deben vacunarse contra COVID-19 e Influenza son: Personal de salud, personas de 60 años o más, personal de la educación parvularia y escolar hasta 8° básico, embarazadas, personas inmunocomprometidas y pacientes crónicos.
En el caso de la vacuna de COVID-19 esta es anual, es decir, se puede vacunar un año después de la última dosis en todos los grupos objetivos a excepción de los pacientes inmunocomprometidos que deben hacerlo cada seis meses y embarazadas que deben hacerlo ante cada gestación. Para revisar la fecha de tu última vacunación ingresa con tu clave única a mevacuno.cl.
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Dictamen O-01-ISESAT-00823-2024

1.- Mediante el Oficio de Antecedentes, esa Contraloría Regional solicitó la elaboración de un informe respecto de la situación evidenciada en una fiscalización efectuada por la Dirección del Trabajo, respecto de la negativa de la I. Municipalidad que indica, a ser fiscalizada.
Dentro de los antecedentes, acompaña un documento denominado «Informe de exposición», emitido por la citada Dirección, donde consta que un representante de la mencionada Municipalidad, «no se allana al procedimiento de fiscalización» por estimar que la Dirección del Trabajo carece de competencia legal para interpretar y fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, respecto de los funcionarios que se desempeñan en un Departamento de Educación de un Municipalidad, que ésta administra, conforme a lo señalado en el Ord. 1556, de 2017, de la citada Dirección.
Además, en el referido documento, se establece como materias a fiscalizar:
a) «Salud y Seguridad en el Trabajo (SST): Comité Paritario/ No cumplir obligaciones legales»; 
b) «Salud y Seguridad en el Trabajo (SST): Dpto. Prevención/ No cumplir obligaciones legales»; 
c) «Salud y Seguridad en el Trabajo (SST): Reglamento interno/ No cumplir obligaciones legales»; 
d) «Salud y Seguridad en el Trabajo (SST): Trabajador/ No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud».
2.- Sobre el particular, esta Superintendencia cumple en manifestar que el artículo 1° de la Ley N° 19.345 establece que los trabajadores de las Municipalidades se encuentran sujetos al seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N° 16.744.
Ahora bien, respecto de las materias fiscalizadas por la referida Dirección, este Servicio puede indicar lo siguiente:
a) Materias relacionadas con el comité paritario de higiene y seguridad del sector público.
Conforme a lo indicado en el artículo 66 de la citada ley, en toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
Por su parte, el artículo 6° de la Ley N° 19.345 dispone que la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en las entidades empleadoras señaladas en el inciso primero del artículo 1° -entre ellas las Municipalidades- se encuentra regulada mediante el D.S. N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Asimismo, el artículo 8° de dicha Ley establece que, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República, corresponderá exclusivamente a esta Superintendencia la interpretación de la Ley N° 19.345, impartir las instrucciones necesarias para su aplicación y fiscalizar la observancia de sus disposiciones.
En razón de lo anterior, ese Ente Contralor, mediante Dictamen N° 7531, de 1997, declaró que la facultad de fiscalización de los Comités Paritarios de los Servicios Públicos le corresponde a esta Superintendencia y no a la Dirección del Trabajo. Dicho criterio fue ratificado por el Dictamen N° E139169N21, de 2021, indicando que, habida consideración de que los comités paritarios de higiene y seguridad del sector público son entidades fiscalizadas por esta Superintendencia, procede concluir que ésta cuenta con atribuciones para instruir procedimientos sancionatorios por eventuales incumplimientos en que dichos comités pudieren incurrir.
b) Materias relacionadas con el departamento de prevención de riesgos.
El artículo 66 de la ley N°16.744, en su inciso segundo indica que, en aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen a más de 100 trabajadores será obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios.
En ese sentido, este Servicio mediante su Oficio N°7.854, de 2015, indicó que, de acuerdo a lo prescrito en el citado artículo 66, los servicios públicos, en tanto instituciones de Derecho Público que no revisten el carácter de empresa minera, industrial o comercial, no se encuentran incluidas dentro de las entidades señaladas en el inciso cuarto del citado artículo.
c) Materias relacionadas con el Reglamento interno.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N°16.744, las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan.
Por su parte, el artículo 14 del D.S. N°40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener al día un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo cumplimiento será obligatorio para los trabajadores.
Además, el artículo 15 del dictado decreto prescribe que el reglamento, o sus modificaciones posteriores, no requerirán la aprobación previa del Servicio Nacional de Salud, pero éste podrá revisar su texto e introducir innovaciones cuando lo estime conveniente.
En ese sentido, el artículo 65 de la citada ley indica que corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se realicen.
Ahora bien, en cuanto a la referencia efectuada al Servicio Nacional de Salud, conforme a lo indicado en el 13 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, debe entenderse que tales competencias se encuentran radicadas en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.
d) Medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud.
Conforme a lo prescrito en el artículo 65 de la ley N°16.744, corresponde a la Seremi de Salud fiscalizar la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se realicen.
Por su parte, el artículo 68 de la ley N°16.744, dispone que las empresas o entidades deberán implementar las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriba el Servicio Nacional de Salud, agregando, en su inciso segundo, que el incumplimiento de este deber será sancionado por esa repartición, de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones contenido en el Código Sanitario y en las demás disposiciones legales pertinentes.
Ahora bien, es dable mencionar que el artículo 2° del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, menciona que corresponderá a los Servicios de Salud, y en la Región Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud.
Asimismo, su artículo 131 establece que las infracciones a dichas disposiciones serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se hubieren cometido, previa instrucción del sumario respectivo en conformidad con el Libro Décimo del Código Sanitario, atribución actualmente radicada en las respectivas secretarías regionales ministeriales de salud, de acuerdo con el artículo 4° N° 3, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
3.- Lo anterior, es cuanto este Servicio puede informar respecto de la situación planteada.